En Colombia se descubrieron como “falsos positivos” a inocentes campesinos asesinados por fuerzas regulares para luego culpar a la guerrilla; acá también hemos visto cómo el propietario de la revista Vanguardia, enemigo declarado de la Ley de Comunicación, se ha valido de la inminente quiebra económica para culpar al Gobierno por el cierre de dicha publicación.
Por años consecutivos declaró pérdidas y cuando ya no puede sostener el negocio que se le fue a pique por el desprecio de sus pocos lectores a causa de las mentiras y calumnias de sus páginas, llegando al colmo de mentir hasta en el tiraje semanal de quince mil ejemplares -cuando en realidad no llegaba ni a cinco mil-, se le ocurre la “brillante” idea de que la ley cargue con su muerto. ¿Y por qué no cierra diario La Hora, si considera “mordaza” a toda la ley y solo retira la revista? Mentirosito, ya casi nadie lo leía.
En el clímax de su amargura declaró que antes de este Gobierno nunca jamás había perdido un juicio. Todo fue asumir Correa y empieza a perderlos. Antes era cuestión de un telefonazo a sus jueces social y mal cristianos. Ahora le duele porque ya no manda en la justicia ejercida por juzgadores probos e idóneos seleccionados en concursos virtuales de oposición y méritos en los que sus pupilos no se atreven a participar.
El “innombrable”, a propósito del cierre de la revista, sostiene que no les debe liquidación alguna a los exempleados porque no les ha despedido. Solo que cuando fueron a trabajar se encontraron con las chapas de las puertas cambiadas para que no puedan sacar ni siquiera sus efectos personales. Víctimas del despido intempestivo, recién se dan cuenta de la clase de jefe que tenían, por quien se jugaron su prestigio profesional. Mal paga el diablo a sus devotos…
En Colombia se libra una batalla mediática en contra de nuestro Gobierno con la misma estrategia de sus pares locales de mentir, calumniar y distorsionar sobre la Ley de Comunicación con la saña propia de los sicarios de la mafia. Trece rectificaciones solicitadas por nuestro embajador a nombre del Estado ecuatoriano fueron a parar al tacho de los editores comprometidos con un feroz linchamiento mediático que afecta nuestra soberanía, con el agravante de que uno de esos medios paisas actúa en represalia a que nuestra legación diplomática se negó a un auspicio económico. ¿Qué han dicho la SIP, la Aedep y Fundamedios?