La estrategia correísta implementada desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que busca desmontar lo logrado por el Consejo transitorio, fracasó en el momento en que su actual presidente presentó documentos falsos para inscribir su candidatura, o cuando manifestó que solo hablaría con funcionarios de su categoría.
Los ataques en contra de la actual Fiscal General, durante su participación en el concurso y posterior designación, forman parte también de esa estrategia.
En los últimos días, la ofensiva se ha enfocado sobre la figura que activó las auditorías rezagadas e indicios de responsabilidad penal en contra de servidores que desarrollaron malas prácticas administrativas. Se han desatado así ataques al Contralor del Estado, a fin de dilatar más el proceso de reinstitucionalización del país.
La Asamblea Nacional, por su parte, busca retirar al CPCCS la facultad de designar las autoridades de los organismos de control (cortes, superintendencias y Defensoría del Pueblo).
Esto se hará mediante una enmienda constitucional que tardará aproximadamente 13 meses. Mientras tanto, los consejeros podrían ser destituidos o ir a juicio político. Antes de poner en marcha cualquier acción será necesario establecer con claridad los procedimientos a los que esta causa deba someterse.
El proceso de reinstitucionalización en Ecuador no podrá concretarse si es que no se establecen acuerdos mínimos por parte de sectores con capacidad de movilización e incidencia en la ciudadanía. Por el momento, la estrategia de generar mayor caos institucional en el país, por parte de quienes se resisten a entender que es un momento de cambio, si bien está desgastada, se mantiene. (O)