La historia económica-constitucional del Ecuador articuló un modelo de acumulación de la riqueza nacional. El punto de inflexión de esa historia podría girar en torno a la recuperación del Estado y lo público, en sus potestades de redistribución y regulación, con miras a posibilitar condiciones mínimas que intentarían viabilizar el régimen bio-constitucional -sistemas para el buen vivir, catálogo de derechos y garantías, economía social y solidaria-. Las reformas contemporáneas de los Estados cuentan, como uno de sus principales instrumentos, a la política impositiva como medio para (re)distribuir la riqueza y el ingreso, en la perspectiva de reducir la pobreza y las desigualdades sociales.
Los impuestos representan una herramienta objetiva con miras a definir las fuentes de ingresos económicos que necesita el Estado, para responder ante las necesidades -estructuralmente- postergadas, por el auge de ese modelo estructural de acumulación fundamentalista mercadocéntrico. Para los defensores sinuosos de este modelo, los tributos pueden ser el gran obstáculo para el desarrollo de actividades productivas, un desincentivo para el fortalecimiento de las industrias y empresas, un elemento nocivo para la inversión extranjera -en el caso del impuesto a la salida de divisas y el anticipo para el pago del impuesto a la renta-, un factor que afecta la liquidez económica y el crecimiento economicista, al mismo tiempo que la redistribución no figura en sus objetivos de desarrollo.
No es casualidad la oposición a los impuestos, cuando el incremento de los contribuyentes y de haber gestado 10 reformas tributarias se realizaron en estos últimos años. En comparación a la tesis ortodoxa de la derecha reaccionaria que aseguraba en cada campaña electoral: No más impuestos; como si la acumulación de la riqueza no necesitara ningún tipo de variantes socioeconómicas, que como consecuencia trajo apenas 41 reformas desde 1979 hasta 2007. El debate se lo ha ubicado -equivocadamente por parte de los liberales criollos- en la excesiva carga tributaria con relación al antiguo pacto fiscal, sin avizorar la responsabilidad de la acción pública estatal para mejorar la vida de las personas, mediante políticas redistributivas que modifiquen el principal problema para alcanzar el derecho a la igualdad: las y los ciudadanos no nacen libres, iguales e independientes en sus condiciones para el desarrollo.
Es probable que el gran dilema que enfrenta la modernidad institucional del país, en la próxima contienda electoral, se lo entienda en las siguientes reflexiones: ¿Avanzamos en la profundización de un Estado redistribuidor o recuperamos el festín tributario para defender la riqueza exclusiva de unos grupos, a costa de subsistir las desigualdades socioeconómicas? ¿Eliminamos impuestos para dejar a la deriva el financiamiento seguro de los principales programas sociales?
¿Creemos en el discurso de los “emprendimientos” -ignorando las asimetrías en servicios y potencialidades - o apostamos por políticas económicas que puedan promover las oportunidades productivas? ¿Creemos en la responsabilidad del Estado para crear medios que democraticen los factores de producción o reconstituimos su institucionalidad como garante de la riqueza en defensa de ciertas clases minoritarias en la reproducción de su poder? ¿Producimos para redistribuir o para acumular? ¿Redistribuimos para producir o producimos para profundizar inequidades? ¿Queremos que los mercados generen riqueza para que el Estado se encargue de redistribuir solo con asistencialismos subsidiarios de política social?
Lo que está en juego no pasa solamente por el enfrentamiento entre dinámicas estatales vs. la rearticulación corporativa de sectores privados en la cooptación del Estado, es mucho más que eso -tampoco se reduce a un cambio de gobierno-. Pasa por la prueba más dura que enfrenta el sentido de la progresividad republicana: asegurar una institucionalidad con capacidades suficientes para responder a los postulados del buen vivir, o el retorno al libreto del Estado empresarial, en clave de recomposición oligárquica-terrateniente, con su interfase neoliberal. La programación de política pública -en bienes y servicios- para implementar un Estado de Bienestar, en versión del bio-constitucionalismo-socialismo ecuatoriano, entraña su correspondiente financiamiento.
La eliminación de impuestos, según las cartas marcadas por los liberales criollos, devendría en la suspensión y alteración de esa gran plataforma bio-socialista que ha logrado la expansión y accesos para el ejercicio de derechos, sin desconocer que aún faltan políticas para su universalización y medios de evaluación más eficientes.
Si los antecedentes económico-constitucionales perpetuaron la exclusión hacia los bienes materiales de la sociedad, los recursos políticos del Estado y los bienes simbólicos del poder popular, el texto constitucional actual define un ciclo de revisión a esa estructura de clases y de dominación de clases, que se condensa en una configuración de gestión pública: Estado redistribuidor y regulador.
La gran batalla no está en desmontar la legislación tributaria, sino en recomponer los repertorios administrativos para apoderarse nuevamente de la riqueza nacional mediante los instrumentos de mando político-cultural y de propiedad económica. La consigna está en cómo se vuelve a ampliar las diferencias, entre las rentas y riqueza de unas minorías con relación a las mayorías sociales.
Para los liberales criollos se puede admitir una visión de justicia en la que la desigualdad representa un mal menor y justificable temporalmente, en tanto se trataría de políticas que buscarían “crear oportunidades y emprendimientos” sin redistribuir, mediante la supresión de impuestos, por cuanto los recursos “se quedarían directamente en la población”. No van a admitir que las desigualdades generan dominación y opresión, dejan intacta una sociedad de subordinados.
¿Queremos sociedades que buscan el individualismo utilitario del libre mercado o la solidaridad recíproca para pensar en el desarrollo compartido de capacidades y potencialidades humanas?
*Docente universitario