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El Telégrafo
Emilia Rojas

Estado de derecho de Chile, a prueba

10 de enero de 2020

La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya parece haberse puesto de moda en varios rincones de América Latina. No solo el gobierno de Nicolás Maduro es blanco de acusaciones. Mientras la fiscalía de la CPI espera terminar pronto la evaluación de los documentos presentados para avalarlas, ya se están preparando medidas contra otros líderes: en Bolivia el gobierno interino quiere presentar una demanda contra el expresidente Evo Morales por crímenes de lesa humanidad. Y en Chile, el Partido Comunista ha anunciado la intención de presentar una denuncia contra el presidente Sebastián Piñera, por la responsabilidad política que le atribuye en las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social.

El Gobierno chileno aseguró, por boca del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tener “instituciones, tribunales, fiscalías que están investigando y van a ir abordando cada uno de los casos que se han conocido en el país en materia de abuso o atropello policiales”. Y hasta ahora goza de crédito en el exterior. “Chile tiene en estos momentos una cantidad de problemas sociales y políticos, pero, si se lo compara con otros países de América Latina, yo todavía sostendría que el Estado de derecho se respeta”, afirmó Harald Fuhr, profesor de Política Internacional de la Universidad de Potsdam.

El académico aboga por agotar las vías legales y judiciales en el país para denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por uniformados en el marco de la represión del estallido social, documentadas en informes de diferentes organismos, como la ONU y Amnistía Internacional.

Otro argumento esgrimido contra la posibilidad de que el presidente chileno termine en el banquillo de los acusados en La Haya es que, para ello, tendría que haber una política de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y eso es algo que no solo el Gobierno refuta, sino también abogados como Francisco Cox, quien dijo al diario La Tercera no creer que Piñera tenga “responsabilidad penal internacional”. Fuhr atribuye “algo de politiquería” al anuncio de los comunistas. (O) et * Tomado de DW

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