La crisis en España se refleja en alto desempleo (21,5% IIIT-11), alrededor de 5 millones de personas, desalojo a deudores de viviendas que no pueden pagar, aumento de la pobreza, incremento de la gente que acude a bancos de alimentos, retorno de migrantes, deterioro del nivel de bienestar por los ajustes del gobierno socialista saliente, etc. En términos macroeconómicos, hay una reducción del crecimiento (0,8% IIIT y 0% en IVT-11), déficit fiscal del 6% del PIB y deuda pública del 69% del PIB.
La situación social y económica es crítica. El nuevo presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, de derecha, ha propuesto una política de ajustes y reformas estructurales. Para la primera, planteó una reducción del déficit en 16.500 millones de euros, con menores gastos, de lo cual lo único que no se reducirá es el valor de las pensiones. Se trata de establecer austeridad fiscal e, incluso, acogiendo la decisión de la UE, se va a establecer la Ley de Estabilidad Presupuestaria y luego una reforma constitucional para incluir la regla de oro de equilibrio fiscal, que acepta como déficit estructural máximo 0,4% del PIB y reducción de la deuda pública al 60% del PIB hasta el 2020.
En cuanto a las reformas estructurales propone la reestructuración del sistema financiero, reforma al sector público, reforma al mercado de trabajo y una estrategia para aumentar la competitividad, las cuales, según Rajoy, cambiarán las expectativas de crecimiento en los 4 años siguientes.
La reestructuración del sistema financiero consistirá en un saneamiento de éste con un esquema de agrupamiento de los activos tóxicos (incobrables) y valoración real de los activos bancarios, sobre todo los inmobiliarios que, por la ruptura de la burbuja, han caído de precio; se apuesta a fusiones, incremento de capital para garantizar solvencia y cambio en el modelo de regulación y supervisión. En cuanto a la reforma del sector público, se programa un achicamiento de éste, con la eliminación de organismos públicos, no incremento de personal, reforma de impuestos, incentivos fiscales para nuevos activos y ayuda fiscal para el primer trabajador contratado.
La reforma laboral contempla cambios en la negociación colectiva, reinserción laboral, igualdad laboral entre hombres y mujeres, incentivos fiscales en la contratación de jóvenes. Para mejorar la competitividad, se pone énfasis en la capacitación, modificación del modelo educativo, incluyendo mejoras en las universidades y establecer una estrategia Nacional de Calidad de la Educación.
También para incrementar la competitividad propone un cambio en la política energética a fin de aliviar los costes de energía eléctrica. Además plantea una reforma judicial para una administración de justicia profesional, especializada y eficaz, para mejorar la seguridad jurídica.
El ajuste tiene como objetivo reducir los desequilibrios fiscal y de deuda. Las reformas estructurales buscan enfrentar problemas de fondo de la economía, para mejorar la competitividad y el crecimiento. Es un programa ortodoxo, hay que ver si funciona, pues fracasaron en América Latina estas reformas recomendadas por el Banco Mundial.