Las encuestas daban como ganador a Maduro de la Revolución Bolivariana. Cualquiera que gane se enfrentará a una encrucijada económica difícil de resolver si no se toman medidas adecuadas.
Venezuela, en su economía, tiene problemas de carácter estructural como la vigencia de un modelo petroexportador, de carácter rentista, que ha redistribuido el ingreso hacia las clases populares, pero ha invertido poco en infraestructura y en factores de crecimiento. O sea, no se ha sembrado el petróleo. Tiene serias dificultades de abastecimiento de productos de la canasta básica, por lo que depende de la importación de bienes básicos. No ha sido eficiente la distribución de éstos a través de tiendas estatales.
Faltan incentivos al sector agrícola y no tiene soberanía alimentaria, a la que no ha contribuido la reforma agraria. Por otro lado, hay restricciones de oferta de energía eléctrica, que obliga a racionamientos y frena la producción. Este país requiere de una reorientación de su modelo para no depender exclusivamente del petróleo.
La inversión social casi se duplicó en el período 1998-2012, lo cual permitió reducir la pobreza de 49% a 27% y la desigualdad en dicho período. Sin embargo, Venezuela enfrenta desequilibrios macroeconómicos críticos. Tiene la tasa más alta de inflación de A. Latina (20% en 2012). Como ya señalamos en un artículo anterior, los factores que influyen son la expansión monetaria, demanda interna y la devaluación.
Se buscó frenar la inflación con una política de precios máximos y abastecimiento de productos alimenticios importados directamente por el Gobierno. El aumento de precios deteriora el salario, por lo que el Gobierno se ve obligado a aumentar el salario nominal, para compensar la caída del poder adquisitivo de éstos, lo que a su vez alimenta la inflación por el lado de los costos. Se trata de un círculo perverso. La inflación a su vez está relacionada con el problema estructural de la débil producción agropecuaria, que requiere apoyo.
No hay cifras claras sobre el déficit fiscal, pero se estima que en 2012 bordeó el 9-10% del PIB. Este es producto de un fuerte crecimiento del gasto, débil carga tributaria y la desordenada política fiscal. Este país, en que los combustibles, gas y energía cuestan casi nada, se verá obligado a un ajuste fiscal, en que los subsidios pueden ser afectados. Este nivel de déficit es insostenible, el que también incide en la inflación.
Finalmente está la caótica política cambiaria, con tipos de cambios múltiples, de los que el tipo de cambio paralelo supera varias veces el tipo oficial. A pesar del control de cambios, existe una fuerte restricción de divisas, que está afectando a los sectores empresariales y a la inflación. Los desequilibrios macroeconómicos son insostenibles y van a obligar al gobierno entrante a un programa de estabilización, cuyo eje central debe ser antinflacionario. Pero además debe luchar contra la corrupción, inseguridad y falta de transparencia. Si bien hay una política social exitosa, hay un desorden económico que obligará a un reajuste.