Con la promulgación del Reglamento de la Ley de Economía Popular y Solidaria (EPS), en febrero/12, el envío de la terna para la designación del Superintendente del Sector Financiero Popular y Solidario (SSFPS) y el nombramiento del delegado presidencial a la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular (abril/12) se va estructurando la institucionalidad para el apoyo a esta economía, cuyo proyecto está a cargo del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. La misma está conformada por un sector real y uno financiero.
El primero incluye a unidades económicas populares, UEP, (microempresas, artesanos y comerciantes minoristas), cooperativas no financieras, sectores asociativos y comunitarios (economía solidaria). El sector financiero comprende cooperativas de ahorro y crédito, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro y cajas centrales.
Solo las microempresas o sector informal urbano (SIU), en 2011, dieron ocupación a alrededor de dos millones. Esto es, la economía popular (UEP) genera autoempleo y es una alternativa para salir de la pobreza. La economía solidaria aporta con un millón y medio de autoempleos creados por productores comunitarios y asociativos, que trabajan en la agricultura, en el campo y en la ciudad, elaborando bienes artesanalmente.
El financiamiento para los dos segmentos de la EPS se otorga por cooperativas de ahorro y crédito (CAC) y con la nueva institucionalidad creada, la Corporación Nacional de Finanzas Populares. Esta será un intermediario financiero público, de segundo piso, que canalizará crédito principalmente a las CAC, las que a su vez aumentarán el financiamiento a microempresas, cooperativas no financieras, sectores asociativos y comunitarios.
Pero como en el sector financiero popular también existe riesgo, se ha creado una Junta de Regulación para que dicte la política y las normas de este sector y, por otro lado, la Superintendencia del Sector Popular y Solidario se encargará de controlar las operaciones crediticias y participación en el mercado de valores de las entidades financieras del mismo.
La Superintendencia promoverá la estabilidad y solvencia del sistema financiero popular y solidario por medio del control, con el apoyo de la red de seguridad financiera, que tiene como componentes la supervisión, fondo de liquidez, resolución bancaria y seguro de depósitos. La supervisión vigilará los riesgos financieros, entre ellos los de liquidez (falta de dinero) y solvencia (falta de capital). El fondo de liquidez servirá para auxiliar a los intermediarios del SFPS en caso de escasez de recursos, por rumores o pánico financiero. Cuando una entidad tenga problemas de solvencia, existe el mecanismo de resolución bancaria que permite resolver la situación de una entidad financiera no viable. El seguro de depósito devolverá los depósitos hasta el límite establecido, cuando quiebre algún intermediario del sector.
En suma, se trata de una institucionalidad y esquema técnico creado para apoyar a través de incentivos, promoción, fomento y crédito a los microempresarios, campesinos, trabajadores, pequeños productores comunitarios, grupos asociativos, etc., emprendimientos que generan oportunidades de trabajo y subsistencia, que han estado invisibilizados y, sobre todo, marginados del financiamiento bancario.