Una acción judicial propuesta por un grupo de compatriotas oriundos de la región amazónica en contra de la Transnacional Norteamericana CHEVRON (antes TEXACO), por el monstruoso daño ocasionado a los habitantes y al medio ambiente de nuestro Oriente petrolero, luego del debido proceso y de agotadas todas las instancias procesales, fue resuelta por los jueces competentes a favor de las víctimas de aquel irreversible daño ecológico, mandando a pagar 19 mil millones de dólares en calidad de compensación para mitigar la destrucción humana y ambiental.
La compañía demandada, en vez de acatar el fallo en firme y que por ello ya comenzaron a ejecutarse órdenes de embargo de sus propiedades en Argentina, ha iniciado una demencial ofensiva en dos frentes. Por un lado ha reclutado, por no decir ha comprado, al juez ecuatoriano que se pronunció en primera instancia a favor del reclamo de los hermanos ancestrales, dando la residencia en los Estados Unidos a él y a su familia, con un ingreso que le garantice su permanencia en ese país, a cambio de que reniegue de su propia sentencia.
Acá esa conducta es prevaricato y está severamente castigada; pero en los dominios del imperio, es una estrategia para incumplir el fallo. Además un juez de EE.UU. ordenó abrir las cuentas bancarias de los demandantes para demostrar, según CHEVRON, que recibieron sobornos. Es decir que ellos mismos se sobornaron. ¿Entendieron? Ni yo. Acá no han dicho nada los frenéticos defensores del “sigilo bancario”, ante tan grosera violación de esa garantía individual, afectados por aquel complejo de servilismo y sometimiento bien pagado.
El otro frente elegido por la transnacional petrolera es el ataque al Estado ecuatoriano, sometiéndolo al Tribunal Arbitral de las Naciones Unidas bajo la acusación de que hemos incumplido leyes internacionales al no haber impedido la ejecución de un fallo que obliga a la CHEVRON a pagar 19 mil millones de dólares por el daño ambiental en la Amazonía, invocando para ello un Tratado Recíproco de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, suscrito en 1997, a sabiendas de que dicha compañía dejó el país en el año de 1992, es decir cinco años antes de que lo firmara uno de esos gobiernos traidores y entreguistas que sufrimos en el pasado, dándose el absurdo jurídico de que pretenden forzar la irretroactividad del Tratado para favorecer como siempre al poder del dinero.
El Gobierno Nacional ha denunciado este atropello en contra de nuestro país y ha solicitado una acción concertada de las naciones de la región integrantes de la ALBA, UNASUR y CELAC, respuesta que no se hizo esperar y para el próximo mes de abril se tiene prevista la primera reunión para constituir un frente común de naciones afectadas y en solidaridad con el Ecuador. Esperamos que la unidad regional impida la consumación de aquella brutalidad imperialista, solo superada por una invasión armada.