Leo que han sido despedidos más de mil empleados del IESS que laboraban bajo contrato y no puedo ocultar mi irritación, pese a que su despido parece haberse enmarcado en los parámetros legales.
Mi fastidio nace del mismo hecho de ese despido masivo, que implica un atentado contra la vida pacífica de esos trabajadores y sus familias. Y me digo que, si alguna sanción cabe, es contra aquellos que los mantuvieron por años bajo esa forma precaria de trabajo que es el empleo bajo contrato, figura que se justifica únicamente para casos extraordinarios de necesidad institucional y siempre por tiempos limitados y precisos.
Pero mantener a un gran número de trabajadores bajo ese tipo de relación laboral, renovándoles periódicamente sus contratos, una y otra vez, hasta llegar a acumular años de trabajo, es una barbaridad que debe ser motivo de sanción contra el funcionario o institución que así procede.
Hace una veintena de años, cuando fui designado presidente del Consejo Nacional de Cultura, me encontré con que esa institución tenía desde años atrás a unos cuantos empleados bajo contrato, que carecían de los beneficios laborales propios de un empleado público. Al aproximarse el fin de año, ellos solicitaron al Consejo que les diera al menos un bono navideño para atender a sus familias, lo que fue atendido favorablemente por los miembros de ese organismo colegiado.
Al año siguiente, mientras buscábamos la forma de regularizar su presencia laboral mediante un nombramiento, la Contraloría abrió un expediente contra el presidente y secretario del Consejo, acusándonos de haber entregado ese pequeño bono, lo que constituía disposición ilegal de fondos públicos.
Ya fuera del cargo, batallamos largamente contra esa acusación, demostrando, entre otras cosas, que la resolución fue tomada por los diez miembros del CNC y no solo por los dos acusados. El caso llegó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que finalmente puso fin a la causa, pero no declarándonos inocentes, que era lo procedente, sino declarando nulo el juicio.
En el caso relatado, nuestra culpa había sido preocuparnos humanamente por esa especie de “trabajadores desechables” que son los empleados bajo contrato, cuya suerte parece importar poco a las autoridades laborales.
Obviamente, al decir esto me refiero a los empleados de bajo nivel que están vinculados a las entidades públicas, pues bajo esta modalidad laboral también se recluta a otro personal, de alto sueldo, formado por asesores y consultores, a los que no les importa trabajar por poco tiempo, pero con buena remuneración y cerca de la oreja de algún funcionario poderoso.
Al igual que otros ciudadanos, quedo a la espera de alguna explicación valedera del IESS acerca de estos trabajadores despedidos, que puntualice quién y cuándo los contrató y por qué razones se los mantuvo, por años, con renovaciones contractuales periódicas. Y es que lo sucedido no se corresponde con estos tiempos de cambio y de búsqueda de justicia social.