El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) está entrampado. Siempre lo estuvo. Desde que nació, la burguesía continental y sus gobiernos, conducidos por EE.UU., lo organizaron en función de sus intereses, para controlarlo con mecanismos amañados. Con frecuencia, al someter a los pueblos -en nombre de la “libertad”, la “democracia” y la “prosperidad económica”- a dictaduras sangrientas como la de Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Garrastazú en Brasil, entre otras, el Sistema y sus órganos se hicieron de la “vista gorda” ante sus crímenes.
También gobiernos de democracia formal, con los tentáculos del gran capital y grandes medios de prensa, arremetieron, persiguiéndolos, encarcelándolos, torturándolos, expatriándolos, asesinándolos, para "salvarnos del peligro comunista" contra dirigentes políticos de izquierda, sindicales, campesinos, estudiantiles; medios y periodistas demócratas, que demandaban respeto a los derechos humanos y luchaban por el derecho a pensar, expresarse, a ser informados, a organizarse; en suma, por el derecho a la vida. Excepcionalmente hubo denuncias o una tímida protección de derechos, que a algunos diplomáticos progresistas aún confunde.
Los grandes capitalistas y sus gobiernos, los gremios de grandes propietarios, como la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, jamás denunciaron, peor defendieron los derechos humanos; ahora cacarean buscando desprestigiar gobiernos progresistas, acusándolos de irrespetar la libertad de expresión que jamás practicaron. Justo se quejan ellos, que despotrican todos los días, calumnian a sus líderes e inventan historias, cuando estos enfrentan con valentía una institucionalidad obsoleta, que permitió barbaridades, como es el hecho de que EE.UU. que no ha adherido al Sistema, sea sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y que los dueños de la gran prensa al servicio del capital y dictaduras financien la Relatoría de la Libertad de Expresión, relegando las otras.
Esto han denunciado el presidente Correa y el canciller Patiño a la comunidad internacional y en el seno de la OEA, reclamando además que se cambie la sede a un país suscriptor, que se equiparen las relatorías y que se financien con fondos propios, que haya autonomía e independencia y cesen las medidas cautelares, que cínicamente países no signatarios exigen, hasta que se reestructure todo. A esa posición han adherido los países del ALBA; otros han respaldado una u otra iniciativa.
En suma, Ecuador, con dignidad, armó la discusión y algunos "demócratas" incondicionales del poder imperial han vociferado, por tanta "audacia" e "irrespeto", sin entender que el cambio de época nos obliga a posiciones soberanas y dignas contra el neoliberalismo, neocolonialismo y las viejas prácticas de dominación y control; todo lo cual cuenta con la simpatía y respaldo de los pueblos.
En la OEA se ha ganado una batalla frente a los subordinados que decían “ya no hay que discutir más”. La lucha continúa y pronto se ganará la guerra, por una verdadera institucionalidad continental de defensa de los derechos humanos reconocidos por la ONU en su Declaración Universal, a la que hay que agregar, como expresa Galeano, el derecho a respirar, a caminar, a tener indignación por la opresión, a disfrutar de los bienes naturales, tierra, agua y aire y a defenderlos frente a cualquier amenaza.