En las últimas semanas, los ciudadanos españoles han recibido con asombro la noticia de una sucesión de escándalos originados en una presunta financiación de uno de sus principales partidos políticos: el Partido Popular. Según la información hecha pública por los diarios El País y El Mundo, dicho partido ha aceptado durante años entregas ilícitas de dinero por parte de empresas constructoras, que luego han obtenido suculentos contratos con la administración pública.
Según reconoce en su comparecencia ante la justicia, el extesorero de dicho partido, Luis Bárcenas, ese dinero era utilizado para hacer entregas en efectivo a los principales líderes del partido popular, entre los que se incluye, ni más ni menos, el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Cabría también preguntarse cómo un simple tesorero llegó a amasar más de 40 millones de euros, que tenía ocultos en cuentas bancarias en Suiza.
Mientras tanto, los españoles siguen cargando sobre sus espaldas el peso de la crisis económica, soportando que los políticos les pidan hacer grandes sacrificios mientras las noticias de corrupción salpican a las instituciones fundamentales sobre las que descansa la democracia: los partidos políticos.
Esa famosa “marca España” de la que tanto hablan sus políticos se está viendo muy dañada en los últimos meses. Tanto es así que solo es cuestión de tiempo para que los inversionistas extranjeros tengan miedo y metan a España en el mismo paquete que a la Italia de Berlusconi o a la quebrada Grecia.
Un partido político que se financia ilegalmente es un partido que debe favores y, en el futuro, se verá obligado a hacerse de la vista gorda en determinadas actuaciones empresariales o particulares, consumando un sistema que se usa para obtener favoritismos cuando el financiado toma el poder. En este círculo de corrupción hay empresas que se ven favorecidas en detrimento de otras, hay desvío de fondos públicos y, por supuesto, hay enriquecimiento ilícito por parte de muchos de los implicados que se llevan jugosas comisiones en los contratos con el Estado.
Ahora mismo, muchos de los que mandan en varios ministerios, que ostentan situaciones de poder y dirimen el futuro de España, están en la mira de toda la opinión pública porque, por mucho que digan, las cuentas de los dirigentes del PP están muy oscuras y sucias. Y esa suciedad se paga con favores.
En tales circunstancias, el insostenible silencio de Rajoy tendrá severas consecuencias económicas para su país. Todos los esfuerzos desplegados en las reformas no servirán de nada mientras sigan gobernados por esa clase política. La estabilidad política y económica de España está en juego mientras sus gobernantes tienen su mente ocupada ocultando trapos sucios.
¿Qué legitimidad tiene un gobierno que probablemente ha llegado al poder apoyado en una financiación ilegal y mediante una trama de corrupción para pedir austeridad, reclamar más impuestos y dirigir una nación? En mi criterio, ninguna.