Cuando Ecuador estudiaba la posibilidad de concederle asilo a Edward Snowden, la extrema derecha estadounidense dominante en el Congreso pidió el retiro de las preferencias arancelarias. Posteriormente, y ante la amenaza del secretario de Estado de ese país sobre el mismo tema, que más sabía a chantaje, se produjo la renuncia unilateral al Sistema de Preferencias Arancelarias (Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act -Atpdea-, por sus siglas en inglés). Luego vino la promesa del Gobierno Nacional de no abandonar a su suerte al sector productivo.
Entonces nos preguntamos, ¿cuáles serían las medidas no proteccionistas que aplicaría Ecuador para socorrer al sector productivo, aparentemente huérfano del Atpdea, un sistema que es la contraparte económica arancelaria, a cambio de la lucha contra las drogas emprendida por el Estado, cuyas complejidades financieras y administrativas solo eran conocidas por los productores favorecidos con el acuerdo.
La respuesta vino implícita en el Decreto Ejecutivo Nº 100, del 2 de septiembre de este año, a través del Reglamento a la Ley de Abono Tributario, norma orientada a la devolución de los aranceles a los exportadores -aproximadamente $ 23 millones- por los productos que antes se beneficiaban de las preferencias a las que me he referido.
Para felicidad de quienes se quejaban del perjuicio, el sistema aprobado es un instrumento ágil, no burocrático y de fácil acceso, que opera a través del Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario (Calat), un ente que, de acuerdo a las condiciones económicas del país, y considerando el comportamiento del mercado internacional de productos, calificará directamente a los beneficiarios del certificado respectivo y le dará fluidez al proceso. Para acceder, lo único que se requiere es el cumplimiento de las obligaciones laborales con sus trabajadores, una vez que la declaración aduanera de exportación se encuentre regularizada.
El organismo también definirá el monto anual del beneficio, así como los mercados internacionales de destino de las exportaciones que hubieran limitado el nivel de acceso.
La ciudadanía aspira a que no se permita el uso indebido o doloso del certificado, pues una de las debilidades de los organismos encargados del control de exportaciones ha sido permitir la subfacturación para que el poder empresarial eluda obligaciones y obtenga mayores ingresos. El pago a los exportadores está en marcha y se realiza con carácter retroactivo desde el 1 de agosto.