La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó una decisión estratégica al expropiar el 51% de las acciones de la empresa Repsol/YPF, y devolver así al Estado la iniciativa en las decisiones sobre extracción de petróleo y distribución de los combustibles que de él se derivan.
Gobiernos socialdemócratas no hubieran tomado una decisión como esta, pues la juzgarían “poco institucional”; de tal manera ratificarían su doblegamiento ante el capital internacional y ante sus múltiples recursos legales y paralegales de protección de ganancias y privilegios. Mucho menos, claro, lo hubieran hecho gobiernos liberales o conservadores, los cuales pretenden que el mercado por sí mismo resuelve todo; en el caso argentino, Repsol estaba sacando grandes ganancias fuera del país con notoria disminución de los índices de extracción del crudo, lo cual fue llevando incluso a notorios problemas de abastecimiento de gasolina para los usuarios y ciudadanos comunes.
La sana audacia de la presidenta argentina por supuesto que produjo la reacción airada (por momentos con tintes de grotesco) de un Gobierno español que a cuatro meses de asumir hace agua por todas partes. Ese Gobierno argumentó, por ejemplo, que su par de Argentina tomaba esta medida para “distraer de sus problemas internos”.
Solo que el país que tiene hoy casi 25% de desocupación es España, no Argentina; y el que viene pretendiendo resolver la cuestión a puro ajuste y liquidación del rol protector del Estado es precisamente el Gobierno hispánico en manos del anacrónico Partido Popular.
Cristina Fernández ejerció nuevamente lo que varios gobiernos de la región hoy sostienen: liderazgo firme al servicio de decisiones que jamás podrían tomarse con liderazgos tímidos o medidas pusilánimes. Con la soberanía no se juega, y Argentina simplemente ha recobrado un área económica que sostienen Brasil o México (a través de Petrobras y Pemex), y que nadie cuestiona allí.
Sin embargo, la reacción fue, esperablemente, desproporcionada y ruidosa. El Gobierno argentino ha sostenido la medida -enviada al Parlamento para su conversión en ley nacional-, y ha dejado muy claro, a través de la enorme movilización realizada el último viernes, que mantiene intactas su capacidad de iniciativa y su apego irrestricto a la defensa de los intereses del país.