Es una paradoja, entre tantas otras, la que acompaña a ciertas izquierdas y por supuesto a las derechas en este país. Ahora la paradoja se centra en la necesidad de un registro de organizaciones sociales.
La gran mayoría de organizaciones sociales han estado inscritas de una u otra forma en cualquier institución del Estado. Y este ha sido un requerimiento desde hace décadas y les posibilitó a un sinnúmero de organizaciones acceder a recursos del Estado, de ONG nacionales o extranjeras, capacitación, asesoría, etc., es decir, que no es nuevo en el país el requerimiento de que las organizaciones tengan personería jurídica y cumplan unos lineamientos generales y específicos que expresen sus objetivos y fines.
El Ecuador en su proceso de reinstitucionalización en el marco de la Constitución exige que el Estado genere las condiciones necesarias para que la participación social-organizativa esté garantizada. Es necesario que se cumplan las disposiciones constitucionales para que exista transparencia de recursos, transparencia en los procedimientos, transparencia en la dirigencias, etc. Sin embargo, surgen algunas voces aupadas por sectores ideológicos opuestos a esas mismas voces, diciendo que ahora se pretendería controlar las organizaciones. Como oponerse a transparentar el origen y destino de fondos que vienen de ONG extranjeras.
Como oponerse a saber cuánto ganan los intermediarios de esos fondos y cuánto se destina realmente a asistencia, cooperación, inversión, etc., y sobre todo si eso impacta realmente en la sociedad, entendiéndose que así se busca el mejoramiento social. Es de conocimiento público que muchos fondos extranjeros financiaron a instituciones con el objetivo de incidir en la opinión pública y afectar a gobiernos que no estaban alineados a su ideología o peor que generaron castas de técnicos, asesores que ganando altísimos sueldos, contradictoriamente, hablaban de desarrollo con equidad, con justicia, con igualdad, etc.
La provincia de Chimborazo, es quizás, el mayor ejemplo de todo esto. Todas la ONG o “fundaciones” desarrollaron en algún momento, proyectos, programas de inversión, atención, ayuda, voluntariado, en todos los sectores sociales populares: comunicación, salud, niñez, mujeres, control de natalidad, educación, agricultura, cajas de ahorro, tejidos, etc., y todas declarando que eso fortalecía la organización social, el tejido social; pero los resultados de décadas es nulo. Nunca se produjo un cambio en las estructuras socio-económicas.
Las organizaciones sociales en la esfera pública requieren un reconocimiento jurídico, pero su propia existencia está más allá de cualquier reglamento pero eso sí, la reglamentación en un proceso de cambio estructural anima, estimula a que los distintos sectores se asocien y exijan al Estado toda la cobertura para su funcionamiento. Eso sí las organizaciones tradicionales podrían sentirse amenazadas si no innovan sus discursos y acciones a lo que las mayorías han decidido como presente y futuro del país.