Diferentes reacciones ha causado la muy esperada y recientemente aprobada Ley de Comunicación, que fue bloqueada por casi cuatro años, y ahora promulgada por 110 asambleístas (realmente 2 de ellos votaron solo por dos capítulos) de los 135 que asistieron y uno se abstuvo, 80% de aprobación. Un mejor resultado si comparamos con la votación de la Ley de Minería, que fue aprobada días antes por 105 asambleístas, un 77%. Lo que parecía difícil, está sucediendo: el Gobierno está “rescatando” gente de la oposición. ¿Qué les parece?
Las autoridades gubernamentales han demostrado júbilo, pues consideran que es un hecho histórico que permitirá hacer uso del legítimo derecho a la libertad de expresión y frenar los abusos de cierta prensa. Pero los políticos de oposición, medios privados, algunas asociaciones de periodistas y organizaciones clasistas consideran que esta ley servirá para silenciar a los ecuatorianos. En forma increíble, 53 periódicos colombianos publican al mismo tiempo algún tipo de rechazo. Y el pasado domingo, el exiliado cubano Carlos Alberto Montaner le dedica a nuestro presidente Rafael Correa un furibundo artículo en el panfleto The New Herald con el título: “El gobernante de las dos caras” en términos que posiblemente no se los ha endilgado ni a los dirigentes de la Revolución Cubana. Parece que ya empezó el linchamiento mediático, ahora fuera del país, que se produce por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas, en este caso la Asamblea que promulgó esta nueva ley. Esto ya no sucederá más en Ecuador.
Es innegable que ha habido abusos de varios sectores de la prensa. El término “periodicazo” se acuñó para describir una forma de linchamiento mediáticoEl presidente Correa considera que la prensa debe informar y comunicar, sin defender intereses privados, especialmente del tipo económico y político, que normalmente van de la mano. Los detractores, por su parte, piensan que la nueva ley puede ser usada para escudar la corrupción y que es el acontecimiento más funesto que ha ocurrido en Ecuador en los últimos años, pues contiene disposiciones que son intimidatorias, persecutorias y limitantes, que servirían para consolidar un régimen fascista, neutralizando a los medios independientes, que no estarán en posibilidad de transmitir determinados hechos ante el temor de ser clausurados, perseguidos, hostigados.
La ley crea la Superintendencia de Información y Comunicación, órgano que se encargará de la vigilancia, auditoría, intervención y control, y tendrá capacidad sancionatoria sobre la actuación de medios de comunicación. Además, la normativa promueve mayores espacios de producción nacional en la programación televisiva, así como porcentajes de música producida en Ecuador en las radioemisoras. Otro órgano creado por la nueva ley es el Consejo de Regulación de Medios, que tendrá atribuciones en ámbitos como el acceso a la información, contenidos y franjas horarias, elaboración de reglamentos y de informes para la adjudicación de frecuencias, entre otras competencias. El consejo deberá regular el contenido de los medios relacionados con violencia o que sean discriminatorios. Para los medios que difundan estos contenidos, el Consejo podría imponer sanciones que van desde disculpas públicas por parte de los editores hasta fuertes multas económicas.
Es innegable que ha habido abusos de algunos sectores de la prensa. Hace mucho tiempo se acuñó el nombre del “periodicazo” para describir una forma de linchamiento mediático. Por lo cual se hacía indispensable y mandatorio por la Constitución la promulgación de esta ley. El presidente Correa ha asegurado que quien hace buen periodismo nada tiene que temer de la ley aprobada, y afirma: “Para la gente es una buena ley, para la buena prensa es una buena ley, para la mala prensa es una mala ley”. Y hasta ahora, la Revolución Ciudadana no nos ha fallado.