El 17 de septiembre, el Tribunal de Arbitraje de la Haya emitió un “laudo parcial” a favor de Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company (“TexPet”), en el contexto de la demanda contra la República de Ecuador, basado en el tratado bilateral de inversiones entre Ecuador y Estados Unidos que entró en vigencia en 1997. En lo esencial, el laudo (párrafo 112) indica que Chevron no puede ser responsable de ningún reclamo ambiental iniciado por el Estado, ni de índole “colectivo” por daños ambientales. La decisión se basa en el pernicioso -para los intereses nacionales- “Contrato para la ejecución de trabajos de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas” suscrito entre el Ministerio de Energía y Minas de la época, Petroecuador y TexPet, en mayo del año 1995.
El laudo arbitral dice que los juicios por daño ambiental contra esta transnacional solo pueden ser iniciados por individuos con daños individuales. Los árbitros revelan su matriz de pensamiento neoliberal y su agenda política en el caso arbitral más importante del planeta. Este precedente podría implicar que las transnacionales ni siquiera podrán ser demandadas por perjuicios ambientales, menos aún por violar derechos de la naturaleza. El laudo dice que solo el Estado puede actuar a nombre de derechos “difusos”, como la naturaleza y el ambiente.
No se puede permitir que se entronicen en forma global y excluyente los principios del derecho natural individualista de cuño anglosajónComo se sabe, la transnacional norteamericana petrolera Chevron (exTexaco) provocó daños sociales y ambientales irreparables en la Amazonía ecuatoriana durante su operación entre 1964 y 1990. Desde los años noventa, muchos hemos documentado estos daños, pasivos o “externalidades negativas” (costos ambientales no internalizados en los precios de mercado, desde la visión marshaliana de la economía).
La empresa Chevron ha tratado en forma sistemática de desviar la atención, imputando fraude, intentando desacreditar al Estado ecuatoriano, y acudiendo al tribunal de arbitraje en Holanda (sin expertos en derechos humanos y ambientales) que, bajo ningún concepto, debe intervenir en la justicia interna. Recordemos, además, que Chevron misma estuvo de acuerdo que el proceso fuera juzgado en Ecuador, donde ya hay una sentencia favorable a los afectados, representados por el Frente de Defensa de la Amazonía.
Al respecto, no se puede permitir que se entronicen en forma global y excluyente los principios del derecho natural individualista de cuño anglosajón, tan apropiados para el atomismo individualista del neoliberalismo. Las Constituciones de Ecuador y de Bolivia reconocen otras formas de derecho, comunitario e incluso de derechos de la naturaleza. La comunidad internacional reconoce desde hace décadas muchos derechos sociales, culturales y económicos, que esta sentencia ahora considera “difusos”.
Es necesario denunciar la incompetencia de ese tribunal y desconocer su sentencia, porque implica aceptar que el derecho, que es una expresión de la cultura, solo puede tener una única forma de expresión social. Esto no es aceptable. Las “tradiciones jurídicas” son tan diversas como las tradiciones culturales en el mundo, y en el diálogo entre culturas es necesario eso, dialogar y no imponer una sola idea de lo jurídico y del derecho. Denunciar y desconocer es lo fundamental. No sujetarnos a una férula que no es compatible con nuestra opción soberana nacional. Promover una forma distinta de diálogo internacional para conciliar tradiciones jurídicas en forma horizontal, no ante un gran tribunal hegemónico de supuesta jurisdicción planetaria.