El programa económico de Correa es antineoliberal con una activa participación del Estado en la economía, regulación del mercado, una dinámica inversión pública para impulsar el desarrollo, complementada por una agresiva política social para la redistribución del ingreso y reducción de la pobreza. Su lema es una economía donde primero es la gente.
En sus primeros 6 años de gobierno, ha construido una enorme infraestructura física, incrementó la inversión social y aplicó una amplia reforma estructural no ortodoxa que ha reordenado la institucionalidad pública y redefinido nuevas reglas del juego para el sector privado. Se enfrentó con los poderes fácticos representados por la banca; el mediático, las cámaras de producción, la partidocracia, etc.
En el nuevo programa de gobierno de Alianza PAIS (AP) se añaden a las cinco revoluciones dos más: la ética-combate a la corrupción y la cultural. En cuanto a la revolución económica se hacen siete propuestas. Aquí trataremos las tres principales.
Primera. El cambio del modelo de desarrollo hacia una sustitución selectiva de importaciones implica una nueva matriz productiva centrada en el turismo, la industria nacional y bioservicios, y, por otro lado, diversificación de exportaciones. Se desarrollará la industria en el área de metalurgia de minerales, petroquímica, siderurgia y metalmecánica. Como líneas de acción se impulsará la transferencia tecnológica, inversión pública en ciencia y tecnología, incentivo a sectores generadores e intensivos en trabajo y la economía popular y solidaria. El cambio del modelo de desarrollo es un proceso de largo plazo. En el ínterin, se explotará la minería, petróleo y otros recursos naturales para financiar la infraestructura física, la educación y otros aspectos necesarios.
Segunda. Se empezará la regulación y control de los monopolios y oligopolios que imponen precios y condiciones desfavorables a los consumidores y perjudican a pequeñas y medianas empresas. Para ello se creó la Superintendencia de Control de Poder de Mercado que tendrá como tarea la supervisión de precios y niveles de concentración. Esta incluye al capital financiero (bancario) y también vigilará que la rentabilidad empresarial no se haga a costa de la explotación salarial, a través de un salario digno.
Tercera. Profundizar la economía social y solidaria, promover las diversas formas de producción comunitaria, asociativa y cooperativa. Se trata de una política de redistribución de los medios de producción, del ingreso y reducción de la pobreza. El incentivo a esta nueva economía implica que asociaciones, grupos solidarios y cooperativas productivas, de servicios y vivienda reciban apoyo gubernamental.
Para ello se creó una nueva institucionalidad que, en la parte financiera, destaca la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que controlará a las cooperativas de ahorro y crédito y otros entes; y, por otro lado, la Corporación Nacional de Finanzas Populares, que a su vez canalizará créditos a dichas cooperativas, con lo cual se apoyará a microempresas, cooperativas, asociaciones y otros. Un aspecto fundamental de este apoyo es que permitirá salir de la pobreza vía microempresas a miles de ecuatorianos.