El gobierno español acaba de aprobar la tercera reforma financiera, para responder a los efectos de la crisis financiera internacional que, con la política de ajustes, ha generado recesión afectando al sistema financiero, el cual a su vez realizó una mala gestión crediticia al concentrar su financiamiento en cartera hipotecaria.
A fin de velar por la estabilidad financiera los estándares internacionales recomiendan una red de seguridad financiera, integrada por la supervisión bancaria (para prevenir riesgos), fondo de liquidez (para entrega de fondos a bancos cuando haya una corrida), seguro de depósito (para el pago de la garantía de depósito) y resolución bancaria.
Esta última se aplica cuando un banco tiene problemas de insolvencia, para lo cual hay diversas alternativas como recapitalización, la liquidación forzosa o la exclusión o transferencia de activos y pasivos. Con ésta, los activos sanos son transferidos a un fideicomiso, los cuales a su vez los trasladan al banco bueno y después a un banco comprador. En cambio los activos problemáticos (cartera y otros) son transferidos al llamado banco malo.
En España, por efecto de la crisis y el rompimiento de la burbuja inmobiliaria, la recesión aumentó fuertemente el desempleo, con lo que a muchos compradores de vivienda se les redujo sus ingresos o se quedaron sin ellos, lo que ocasionó que no pudieran pagar sus créditos hipotecarios, aumentando la morosidad y los intermediarios financieros (bancos y cajas de ahorro) tuvieron problemas de liquidez y solvencia, por tanto las autoridades exigieron la recapitalización de éstos, pero como no tenían recursos acudieron al gobierno para que pida un rescate bancario a la UE con un crédito de 100.000 millones de euros.
El banco malo es una empresa creada para sanear la cartera del sistema financiero. Forma parte de las condiciones impuestas por la UE para acceder al salvataje bancario. Será una entidad pública gestionada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. A este banco, las entidades financieras, transferirán la cartera hipotecaria problemática y viviendas sin vender, saneando de esta manera los balances de las instituciones financieras.
Este banco recibirá 25.000 millones de euros del crédito, con lo que comprará la cartera y vivienda. Al vender éstas tendrá descuentos, sobre todo, de la vivienda que, por la crisis, han caído sus precios. Si después de comercializar éstas no alcanza a cubrir ese valor, habrá un déficit que será cubierto por los contribuyentes. En otras palabras, la mala gestión crediticia de los bancos la terminarán pagando los ciudadanos.
Las auditorías determinarán cual es el impacto de la cartera hipotecaria mala y las necesidades de recapitalización de cada uno de los bancos y cajas de ahorro. Por la crisis, el gobierno ha aplicado una política de ajuste con la reducción de gastos sociales, aumento de impuestos (IVA), alza de precios de productos básicos, aumento de luz y gas, provocando más desempleo y pobreza. Además de esto, la población tendría que pagar el salvataje bancario aumentando aún más el deterioro social.