Extraño robo el perpetrado en oficinas del Ceaaces (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) de Quito hace unos días. Se llevaron información, no objetos de importancia. No fue un robo con objetivo de lucro, según parece, sino más bien un intento por apropiarse de información estratégica sobre los procesos de evaluación universitaria que dieron por resultado el cierre de 14 universidades privadas en los meses pasados.
Necesariamente una decisión como esa produce fuertes resistencias. Y es cierto que cualquiera tiene derecho a defenderse, por vía administrativa o judicial, si entiende que una evaluación no ha sido acorde a lo que cree justo. Si bien los interesados directos (p. ej. propietarios privados de universidades) no es de esperar que tengan una mirada neutral y objetiva sobre la cuestión, como parte en el conflicto han estado en posibilidad de expresar su disconformidad.
Los que hemos trabajado en otros países en temas de evaluación universitaria sabemos que estos no son fáciles de afrontar desde el Estado. Pero también sabemos que es necesario hacerlo. La evaluación de la enseñanza superior no es una moda pasajera; ya impuesta en casi todo el planeta, ha podido advertirse sus beneficios. Por cierto que es un proceso complejo, que exige técnicos capacitados y múltiples momentos y cantidad de ítems a inspeccionar. Y cabe señalar que en algunos casos cabe discutir alguna interpretación o evaluación determinada. Pero en una mirada de conjunto sobre los sistemas de educación superior, se trata de evitar a las universidades que no son tales, pero que se ponen ese nombre.
No me cabe opinar sobre los 14 casos ecuatorianos, lo cual exigiría un conocimiento de detalle que solo pueden tener los participantes de esas evaluaciones. Pero en términos generales, el sistema universitario está obligado a responder a exigencias mínimas de calidad; de lo contrario pueden aparecer simples negocios privados con el nombre de universidades, de lo cual países como Chile, México o Costa Rica bien han sabido en diversos momentos de su pasado reciente (“universidades de garaje”, “universidades patito” y parecidos nombres se ha dado a instituciones cuya calidad ha estado lejos de los estándares mínimos necesarios para este alto nivel de educación).
El Estado debe velar por la calidad de la educación, promoverla y garantizarla, ya sea dependiente del Estado o realizada desde el sector privado. Es un logro que el Gobierno ecuatoriano haya producido un Consejo que se encarga de esta tarea primordial, la cual ya se hacía previamente en otros países latinoamericanos. De tal modo se vela por profesionales capacitados y responsables, por investigación suficientemente avanzada, y por servicio social activo y eficaz. En atención a ello, ojalá que la información sustraída recientemente no afecte para nada las funciones y decisiones que hacen a un Consejo que -hace algunos años- era apenas un sueño en la mente de unos pocos muy informados.