Entre manifestaciones y discursos fogosos, Ecuador ha atravesado en estos días la barrera de la tolerancia y la racionalidad. Los ánimos caldeados van generando ambientes insostenibles ante la intención sugerida por el Ejecutivo, esto es, el diálogo. Al contrario, las condiciones impuestas por sectores opositores son de confrontación y ataques verbales y físicos, en una especie de contubernio tendiente a desequilibrar la normal convivencia social.
Las protestas son legítimas en la medida en que se esgriman objetivos claros y alternativas serias, y no cuando existen intenciones soterradas que rechazan absolutamente todo lo hecho y dejado de hacer, en claro afán confabulador. Es irónico que se quiera asimilar las actuales circunstancias con otros indignantes momentos de la historia contemporánea.
Desde luego que en las calles se derrocaron los gobiernos neoliberales de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez, en plena reivindicación de la lucha popular, con factores semejantes, aunque con dinámicas sociales peculiares en cada revuelta descrita. En tanto, tales regímenes expresaron el entreguismo fondomonetarista y la dependencia a las deidades del mercado, la actual propuesta de la Revolución Ciudadana (RC) dista mucho en asemejarse a dichos engendros populistas, demagógicos y deshonestos.
En menos de una década, el proyecto político liderado por el economista Rafael Correa ha permitido que la población ecuatoriana mejore sus estándares de vida, a través de una visible inversión en áreas esenciales para el desarrollo humano, a la vez que ha trajinado -no exento de dificultades- por una corriente progresista que exige la radicalización de la RC, vista de buena manera por los estratos humildes de nuestra nación, así como también reconocida en el contexto internacional. Al respecto, es relevante aquella adhesión de la hermandad latinoamericana, ante los logros alcanzados en Ecuador con el afán de reducir las brechas socioeconómicas, provenientes del fenómeno capitalista.
No obstante, las élites -así como ocurre en Bolivia, Venezuela, Argentina- se sienten afectadas por ciertas decisiones gubernamentales que tienden a remover los cimientos del reino capitalista, en la lógica pretensión de redistribuir la riqueza, como efecto del rol estatal. Y esto no puede calificarse como confiscación de la propiedad privada. Ni tampoco invocar al fantasma comunista. Esto, que suena ridículo por sentido común, ha sido usado como muletilla en medios convencionales y virtuales. Una multiplicación de sofismas que han causado estupor y miedo en los segmentos populares y medios; precisamente, en aquellas capas sociales en donde en nada -o en un mínimo- les afecta la pretendida revisión de los impuestos a la plusvalía y herencias.
La oligarquía, menoscabada en sus afanes de reproducir sus ganancias en detrimento de los más necesitados, ha sabido manipular con estrategias comunicacionales los alcances de la RC, en una retórica propensa a la tergiversación de los hechos, sin que eso importe, incluso, ratificar que en nuestro país persisten los nocivos síntomas racistas y clasistas en toda su magnitud.
Hay dos tareas inaplazables y complementarias: generar la discusión y los consensos; y fortalecer el tejido popular para la movilización y la resistencia. (O)