El Director de la Organización del Trabajo (OIT) ha declarado que la economía social y solidaria “ofrece seguridad y crea oportunidades de empleo en un marco sostenible” y que algunos países, incluido Ecuador, “han adoptado mejoras en el marco legal de este tipo de economías”.
Efectivamente, en la nueva Constitución del país, desde octubre de 2008, se establece que el sistema económico estará integrado por formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria. En abril de 2011, la Asamblea aprobó la ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y desde febrero de 2012 está en vigencia el reglamento a dicha ley. Lo importante de esta normativa es el reconocimiento que se hace a las organizaciones de este tipo de economía, como lo establece el art. 1 de la ley “donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital”
Es el tercer sector económico, compuesto por organizaciones populares que buscan la obtención de excedentes, tanto a nivel individual (microempresas) como para reinversión y generación de ingresos para la familia, y en las sociedades solidarias de personas (cooperativas, asociaciones) se reinvierte y reparte equitativamente beneficiando a sus socios.
Han demostrado ser un instrumento para salir de la pobreza, redistribución del ingreso y de la riqueza. Las microempresas son emprendimientos personales o micronegocios. Estas unidades económicas populares se encuentran en las ramas de producción, comercio y servicio. Son alrededor de 2’000.000 de microempresarios y empleados de éstos.
La economía solidaria tiene dos segmentos. La no financiera integrada principalmente por cooperativas de producción, transporte, vivienda, servicios, etc. así como también por asociaciones de producción principalmente en el área agrícola y ganadera. En el segmento financiero se encuentran las cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro y bancos comunales. Se estima que la economía solidaria genera empleo a 3’000.000 de personas.
En conjunto, la economía solidaria si bien contribuye a la producción nacional, su aporte más significativo es la generación de empleo con alrededor de 5’000.000 de personas. Todavía no se conoce exactamente el número de unidades de la economía popular como de la solidaria. La ley de Economía Popular y Solidaria no solo reconoce a este tipo de organizaciones sino que establece una serie de medidas de fomento, promoción e incentivos a dichas organizaciones pero además crea toda una institucionalidad para apoyo y supervisión de éstas. Entre los principales organismos están el Instituto de Economía Popular y Solidaria encargado de la capacitación y ejecución de las medidas señaladas, la Corporación Nacional de Finanzas Populares que otorga crédito y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que realiza el control.