Nuestra política antinarcóticos responde a la Doctrina de la Seguridad Nacional que alguna vez buscó evitar el ingreso del comunismo al continente poniendo y sacando dictadores, unos más crueles que otros, a lo ancho de América Latina. Fue la equivalencia del Plan Marshall, pero personalizado para el patio trasero de los Estados Unidos. Es decir, nosotros. Las modalidades, las razones y los métodos han cambiado. Hay una percepción generalizada donde no hay ya cabida para una dictadura en América Latina. La naturaleza de la doctrina sigue igual. Lo que ha variado es el enemigo.
Mientras la “guerra contra el terrorismo” se bate en Medio Oriente, la “guerra contra las drogas” se la hace acá. Es toda una política exterior integral que condiciona cada relación con la región al manejo de los países latinoamericanos de su política antinarcóticos. Entonces todos los países de la región hemos caído en una encrucijada de política pública, donde nos hemos visto obligados, si puede ser ese el término, a enfrentar el problema de las drogas a partir de la misma receta de confrontaciones, represiones, penalizaciones y abierto atropello.
Millares de policías luchan una batalla en la que tienen las de perder. No es una lucha inútil, pero sí es una lucha costosa y cuyos frutos son pobresEntonces el acercamiento a las drogas, a su consumo, a su manejo, a su prevención y a su tratamiento, todo, se enmarca en la criminalización. Y este acercamiento, el estado del narcotráfico lo demuestra: no ha tenido ningún resultado. Especialmente cuando el mayor consumidor de la droga que se produce en la región sigue siendo Estados Unidos. Tenemos en las calles, en operativos, en preparación y en riesgo, a millares de policías especializados luchando una batalla en la que tienen las de perder. No es una lucha inútil, pero sí es una lucha costosa y cuyos frutos son pobres, cuando los hay.
El debate, por lo tanto, sobre la despenalización y la legalización de las drogas es necesario. Es necesario que desde la sociedad confrontemos ideas, cuestionemos el statu quo y reflexionemos acerca del tipo de relaciones que estamos creando. El tipo de estigmas. El tipo de delincuentes. Recapacitar sobre las consecuencias de tener a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas ejerciendo funciones que no siempre les corresponden. Cómo esto afecta la institucionalidad del Estado y su democratización.
Los ejes que componen estos temas son amplios y variados. No podemos limitarnos a juzgar una compleja situación basándonos en nuestra percepción moral personal, estigmatizada por una política históricamente impuesta por otros.
Debemos entender, en definitiva, que tras muchos millones de dólares y varios años después, no hemos avanzado nada.