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El Telégrafo

Dopaje electoral

20 de agosto de 2012

Aprovecho el ejemplo de las olimpiadas para recordar que si un atleta resulta culpable de ingerir sustancias que se identifican como "dopaje", automáticamente pierde su medalla ganada en aparente lid.

Compitió, se impuso ante sus rivales, ganó la medalla, subió al podio, el juez le impone la presea, le regala un ramo de flores, y si es de oro, le tocan su himno y, de yapa, elevan su bandera.

Con muestreo indagan si se ha dopado: si es inocente podrá enseñarla a sus tataranietos. Pero si es un corrupto y se ha dopado, le quitan la medalla, lo borran de los registros y lo estigmatizan por el resto de su vida, por haber engañado y trampeado a sus compañeros, a los organizadores y a la humanidad entera.

Similitud a lo que ocurre con la falsificación de firmas, la suplantación de los ciudadanos: delito mayor dado que la trampa y el engaño destruye la fe pública y pone en riesgo de desbaratar el sistema democrático, con Patria y todo.

Los implicados en la compra-venta de adhesiones politiqueras buscan argumentos leguleyos que pudieran obligar a tolerar el delito flagrante de la falsificación de las firmas y la suplantación de adherentes.

Fue un triunfo pírrico, pero triunfo al fin, que se obligara a revisar y validar el 100% de las firmas entregadas aunque esa disposición no constara en ningún texto reglamentario, legal o constitucional.

¿Por qué no se va a anular, como pretenden algunos tramposos agarrados con las manos en la masa,  un partido o movimiento político calificado como apto si se descubre que ha sido producto de un descarado dopaje su calificación?

Si el deportista dopado pierde su medalla, los politiqueros dopados deben perder su calificación, sin más trámite, aunque la ley sobre esto no diga ni pío, cuando se descubre que están embriagados de tanto dopaje.

Que en el derecho público sólo se puede hacer lo que está escrito dicen los leguleyos, pero si se descubre un delito de compra y venta y uso ilegítimo de nombres y firmas de miles de ciudadanos, ¿es posible dejar en la impunidad tanta desvergüenza?

Si al pobre de Julián Assange le quieren aplicar la pena de muerte por olvidarse de utilizar preservativos, pues no hubo violación sexual de por medio, ¿qué se puede hacer con los que violaron la fe pública, se robaron la identidad de las personas, estafaron a los organismos de control, pusieron en riesgo el proceso electoral y casi le meten una goleada a la democracia?

No cabe pedir la pena de muerte porque somos un país civilizado, pero que tampoco nos vean la cara de tontos, es lo que decimos ante tanta audacia y desfachatez.

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