La presentación a la Asamblea del proyecto referente a las herencias, que las grava con un impuesto mayor al constante en la ley actual, tiene como objetivo la redistribución de la riqueza, fuertemente concentrada en un país y continente signados por las desigualdades sociales. En muchos lugares existe esa legislación destinada a que quienes tienen más, contribuyan con sus impuestos a la realización de programas gubernamentales que, de alguna forma, atenúen las abismales diferencias entre los beneficiados por la fortuna y quienes nada tienen.
En cuanto al que grava la plusvalía, obtenida sin trabajo alguno, a costa de las mejoras que el Estado o los municipios introducen, persigue frenar la especulación en terrenos, la que constituye uno de los escollos para la industria de la construcción y para quienes desean adquirir viviendas. Es conocido el crecimiento imparable del precio del metro cuadrado en algunos sectores de Quito y Guayaquil, los cuales solo pueden explicarse por acciones especulativas. La acción beneficiaría especialmente a los GAD, permitiendo que realicen sus tareas administrativas con mayores recursos.
Posiblemente las tablas que se pusieron a consideración del Parlamento podrían ser modificadas en sentido decreciente -como ya lo planteó la Comisión encargada de su primer análisis-. La socialización del proyecto de ley fue deficiente y trajo la alarma a personas de clase media que con sacrificios han logrado obtener mejores viviendas y un relativo bienestar económico, precisamente gracias a las políticas de este Gobierno. Ante ello cabía escuchar los reclamos y hacer los ajustes que se consideraran necesarios, sin que el objetivo buscado se pierda.
Los grandes círculos de poder encontraron la ocasión propicia para, desde el miedo y la calumnia, convocar no solo al rechazo de las dos leyes propuestas, sino a una abierta insurrección. Ello se evidencia cuando ante el retiro temporal por parte del Gobierno de los dos proyectos, y el llamado a una amplia discusión sobre esos temas, la respuesta es una mayor agresión y violencia, en un entorno de amenazas, contra el proceso que el país aprobó multitudinariamente durante estos años.
Ante ello, ¿con quién debe el Gobierno dialogar? La respuesta parecería ser: con los sectores populares que lo eligieron y lo acompañan y que son mayoritarios. Es la hora de definir posiciones y buscar los elementos de unión que nos pueden convocar, sin ahondar en diferencias que a veces son magnificadas. Necesitamos escuchar las voces de trabajadores, campesinos, artesanos, profesionales, intelectuales. Hay muchos que esperan ser llamados y es hora de hacerlo, desoyendo voces sectarias.
Frente a un país desesperanzado y empobrecido, el proyecto de la Revolución Ciudadana, liderado por Rafael Correa, supo encontrar las palabras justas para provocar la gran movilización nacional que lo ha acompañado en estos años. Que el diálogo se dé con esas fuerzas, las que apoyan el cambio. Es una oportunidad histórica para dar un nuevo impulso al proceso que ha cambiado la patria. (O)