Las multitudinarias protestas por la absolución de George Zimmerman, acusado de asesinar al joven negro Trayvon Martin, reabre el debate racial en Estados Unidos y añade otro conflicto a la cadena de problemas económicos, sociales y diplomáticos que agobian al Gobierno de EE.UU.
En febrero de 2012, Zimmerman, de 29 años y de madre peruana, mató de un balazo a Martin, de 17 años, en un vecindario de Miami, donde el victimario, que realizaba un patrullaje voluntario, alegó que forcejeó con su víctima a la que confundió con un delincuente. Un jurado del Tribunal de Sanford en la Florida, compuesto por siete mujeres, lo declaró inocente.
Ese veredicto provocó manifestaciones en casi todo el territorio de la Unión Americana y una enérgica nota de protesta por parte de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, cuyo presidente, Ben Jealous, señaló en un comunicado a la opinión pública que no se trata solamente de justicia por el asesinato del joven afroamericano, sino que “se trata del más fundamental de los derechos civiles: el derecho a la vida” y exhortó al fiscal general, Eric Holder, a presentar cargos federales contra el victimario.
El presidente Obama ha llamado a “una reflexión calmada”, pero las expresiones de protestas por la absolución de Zimmerman se extienden por todo el país, en lo que hace temer un rebrote mayor de un viejo conflicto étnico.
Situadas las pasiones y las expectativas en el contexto de un prejuicio racial, lo que ahora importa no es saber si el jurado o si el juez pronunciaron un dictamen justo o injusto, sino en qué medida los acontecimientos que han ocurrido tras conocerse la sentencia pueden afectar el orden social en EE.UU.
Hay antecedentes de históricas revueltas que han sucedido en ese país cuando un negro ha caído abatido a manos de un policía, y su muerte ha sido asociada a una discriminación racial.
A la justicia norteamericana se la reputa como una de las instituciones más sólidas, respetadas y auténticamente independientes que simbolizan el Estado de Derecho, y los fallos de sus tribunales generalmente son acogidos como frutos de un ejercicio impecable de impartir justicia.
Pero en este caso, el Gobierno tendrá que actuar con premura para que el Departamento de Justicia recurra a un mecanismo que permita revertir la sentencia del tribunal de Sanford, ya que está en juego en estos momentos la estabilidad social en una nación que todavía no se recupera de la grave crisis económica de los últimos años.
Hay muchas cargas de frustraciones, limitaciones, pérdida de los estándares de calidad de vida en el seno de esa sociedad, que parecen haber entrado en ebullición con el fallo de este caso, y que solo faltaba que una gota rebosara el vaso para que se produjera una descarga de ira popular.
Este suceso recrea las jornadas de lucha por los derechos civiles de los afroamericanos de hace más de medio siglo, solo que ahora el gobernante de Estados Unidos y el Fiscal General son también afrodescendientes.