Después de tres años sin un juicio, Bradley Manning fue condenado en 19 de las 20 causas de las que fue acusado luego de hacer público miles de cables diplomáticos a través de WikiLeaks y, particularmente, después de revelar un video donde se veía a un helicóptero americano disparar a civiles, incluyendo niños, y a periodistas en Bagdad. El único delito del que fue exculpado, “ayudar al enemigo”, hubiera supuesto cadena perpetua o la pena de muerte. En los siguientes días se determinará cuántos años sumarán las otras 19 causas, en total un posible de 136 años. En retrospectiva, las muertes causadas por el helicóptero en Bagdad fueron consideradas como daño colateral.
Bradley Manning es solo uno de los siete sentenciados durante la administración de Obama por entregar documentos a la prensa...Cabe recordar que de los tres años, Manning pasó 11 meses, según la ONU, torturado, humillado y privado de las garantías mínimas que se espera de una democracia. La corte está dispuesta a devolverle 120 días de tiempo en prisión. Pero si bien el caso más sonado, particularmente ahora que la inmediatez de un veredicto sirve de carnada mediática para saciar el orgasmo de la primicia en detrimento de la noticia, Manning es solo uno de los siete sentenciados durante la administración de Obama por entregar documentos a la prensa. Siete, en comparación a los tres de todas las administraciones anteriores.
Esto, como una consecuencia de priorizar la seguridad del Estado, lo que esto pueda significar en contenido e interpretación. Sin duda, Bradley Manning cometió ciertos delitos. Algunos por los cuales se declaró culpable en el 2010. Pero es importante recordar que, antes de entregar la información a la prensa, Manning se la entregó a sus superiores, quienes desecharon y subestimaron su investigación. Y todo envuelto en un contexto de secretos de Estado que han atentado contra las bases más esenciales de la construcción democrática y de las cuales han mostrado, apenas, la punta del iceberg.
La pregunta más imperiosa, para nuestra realidad, resulta determinar qué prioridad se le da a nuestra seguridad del Estado, y cuáles son los derechos que el propio Estado, el estado ecuatoriano, considera subrogantes a esta seguridad. Hay que determinar qué garantías está dispuesto a brindar nuestro estado a quien investigue sus propias debilidades, ilegalidades y corrupciones, que las hay, y en qué manera los diferentes poderes actuarán con autonomías. Por el momento, los visos de bullying estatal han sido opacados por las propias limitaciones profesionales y éticas de los whistleblowers nacionales. Pero quedaron dudas, cuando no abiertas acusaciones.
Hay algo que decir por la paranoia estatal. Doméstica y extranjera.