De Estado corporativo a redistributivo: socializar las ganancias

Todos los días recibimos noticias de España, Grecia, Portugal, Italia y otros países en los que se ha adoptado un conjunto de recortes presupuestarios a los programas sociales, despidos masivos en entidades públicas y privadas, cifras inéditas en ascenso de desempleados y subempleados, suicidios por afrontar desahucios y políticas de ajuste económico, cuyo denominador común esconde un rescate directo a la banca de esos países, con ayudas que serán pagadas por el Estado y la sociedad. Las crisis, por las que atraviesan esos países, también presentan como característica preponderante la falta de regulaciones y controles efectivos a las empresas bancarias-financieras privadas, excesivos privilegios de estos grupos y sus consecuentes abusos.

Por lo tanto, más que una crisis, terminará volviéndose en una estafa, porque no solamente que se asume colectivamente las deudas y despilfarros bancarios, sino que se lo hace a costa de los sacrificios de la comunidad, para salvar a los grandes culpables de la recesión. A pesar de esto, las decisiones últimas adoptadas por sus gobiernos siguen cuestionadas, por su inocultable inclinación para seguir amparando a estos sectores, evidenciando el dominio de la banca sobre el poder político y económico, radicando ahí el corpus institucional del tipo de Estado que responde a las corporaciones bancarias y negocios que manejan las finanzas privadas.

Un escenario similar lo vivimos con el salvataje bancario y la crisis económica durante los últimos años de la década de los 90. La matriz política de la élite bancaria, que supo montar el Estado corporativo en este país, siempre ha sido la misma: defender el liberalismo económico para no permitir que los organismos estatales intervengan en regular sus negocios y régimen de acumulación; reivindicar los derechos de propiedad y de igualdad ante la ley, cuando se trata de proteger sus contratos e inversiones; rechazar las medidas que busquen poner límites al dios mercado para crear condiciones solidarias de producción y acceso a la riqueza. Con la misma doble moral, cuando se trata de rescatar sus bolsillos, persiguieron a la institucionalidad pública para destinar sus recursos a manos de grupos específicos, para socializar las pérdidas y concentrar las ganancias del manejo estatal. En otras palabras, cuando les va bien no les importa el Estado ni la sociedad, pero cuando no, sí recurren a ellos.

El Proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social, presentado por el Ejecutivo, apuntaría a seguir reduciendo ese Estado corporativizado ecuatoriano -consolidado desde la década de los años 80 y llegando a su máxima expresión en la década posterior-; que operaba para gestar decisiones a favor de los grupos financiero-bancarios y que se distinguió por la supremacía de sus intereses por sobre los grandes intereses nacionales (la definición de políticas económicas en su beneficio, la aprobación de leyes para blindar sus desigualdades internas -salarios, pagos de impuestos, responsabilidad social, arbitrariedades contra derechos de usuarios, entre otros-) y la debilidad de controles por parte de las entidades encargadas. Ese proyecto pretendería financiar una parte del incremento del Bono de Desarrollo Humano a las personas más pobres de este país, con la incorporación de tributos que establezcan límites a las utilidades bancarias, disminuyan privilegios especiales en ciertos impuestos y fijen montos máximos a las remuneraciones de las y los administradores y representantes legales de estas entidades.

Ahora el escenario que quieren mostrarnos es que se perjudicará gravemente al aparato productivo del país, que los riesgos serán letales para la economía y su estabilidad, que todos los sectores emprendedores y comerciales se verán afectados. Ante esto, hay que recordar que los bancos siempre se han mostrado opuestos para todo cambio político u económico en el país, que altere ese Estado corporativizado por la banca. Hay que responderles que los bancos y banqueros nunca pierden, precisamente porque viven de la principal industria mundial -más fuerte que otras- que es la de generar capital por la movilización y circulación de dinero en los mercados. Cabe señalar que aun en la crisis económica más grave del país, de finales del siglo pasado, registraron opulentas utilidades. El que ha perdido durante varias décadas ha sido el país en su conjunto, cuando gran parte de los subsidios no ha sido direccionada a los sectores más excluidos, sino a los dueños de los grandes capitales.

No es legislar contra nadie, sino para reconocer que las ganancias de las entidades financieras se generan con los recursos de quienes somos usuarios de estas actividades de orden público, por lo que hay una innegable construcción social de aquellas. Lo que busca ese proyecto de ley es hacer justicia social histórica y seguir desarticulando el corporativismo bancario que ha sometido al andamiaje estatal. La implementación de una economía social y solidaria requiere un pacto societal que apueste y radicalice un Estado fundamentalmente redistribuidor; que permita avanzar hacia leyes que continúen desbaratando un sinnúmero de jerarquías, prebendas, inequidades y espacios de poder privados, desde los que se sostienen los principales cauces de dominación y exclusión político-económica en el Ecuador.