Estos son los peligros del entusiasmo desmedido por alinearse con el poder. Con cualquier poder. Hay una incómoda sensación de autoritarismo y abuso cuando una jueza, Hilda Garcés, prohíbe la circulación del libro “Una tragedia ocultada”, una publicación de Miguel Ángel Cabodevilla sobre la matanza de taromenanes en el Parque Nacional Yasuní.
Ante una inminente y lógica reacción, el Gobierno ya sacó un comunicado rechazando la prohibición. Pero la duda quedará, cuando es el propio Gobierno el que se ha jactado de haber renovado la Función Judicial. La decisión de la jueza no es representativa de toda la función, pero el absurdo jurídico para respaldar esta decisión solo es comparable con el absurdo político que ha resultado de querer adular al poder.
Son los sinsentidos que dañan
a un proceso. Esas barreras que nacen de una percepción que iguala el “deber ser” con la lisonja partidistaEl comedimiento de la jueza Garcés es aterrador. La notificación dispone “prohibir la circulación y difusión por cualquier medio de la obra ‘Una tragedia ocultada’, especialmente por la fotografía que aparece en la invitación”. El énfasis es sobre la invitación, sobre la foto de la invitación, una posible portada que nunca fue. El libro tiene en portada un árbol deshojado. La metáfora trasciende el Yasuní.
Es que a la vaguedad jurídica se suma la cronología dramática en la que se dan las citaciones. Horas antes de la presentación del libro llega la notificación judicial. Otra manera de dejar en indefensión jurídica al acusado. Entonces, después de sentir judicializadas las limitaciones a la libertad de expresión, uno se pregunta cuáles fueron las motivaciones detrás del fallo. Y en este punto creo que es factible desechar “deber legal” a las motivaciones.
Hasta el más entusiasta adherente a la Revolución Ciudadana está, en este punto, lamentando el día en que comenzaron a malinterpretar el “cambiar la patria” por el “complacer al proceso”. Cuando, desde hace décadas, el mayor acto de revolución sigue siendo hacer lo correcto y hacerlo bien. La jueza Garcés acaba de botar 6 años, dos consultas y una nueva Constitución a la basura.
Son los sinsentidos que dañan a un proceso. Esas barreras que nacen de la vehemencia partidista y una percepción que iguala el “deber ser” con la lisonja partidista. Esa obnubilación de algunos funcionarios que, en el fervor político de la Revolución Ciudadana, olvidaron poner la integridad y la lógica por encima de una falsa alineación para satisfacer al poder.
Mientras el Gobierno seguramente está desesperado buscando cómo salvar la estulticia ajena, uno debe preguntarse en qué punto de la historia ser crítico y ser revolucionario se convirtieron en antónimos.