Una Corte Suprema argentina, que ha mostrado sobradamente que es capaz de fallar en contra del actual Gobierno (y que así lo hizo hace apenas 10 días, cuando impidió la reelección del gobernador de la provincia de Santiago del Estero), confirmó el día martes último que la Ley de Servicios Audiovisuales de la Argentina es enteramente constitucional, y que por ello debe empezar a aplicarse en su totalidad.
Había cuatro artículos que estaban paralizados en su aplicación por una cautelar solicitada por el pulpo mediático Clarín, y que por cuatro años impidieron el pleno cumplimiento de una norma sancionada por amplia mayoría por el Congreso Nacional en sus dos cámaras en un ahora remoto año 2009.
Clarín logró así evitar la desinversión que debe realizar. No se le expropiará absolutamente nada, pero debe vender parte de sus numerosísimas licencias de radio, canales de TV aire y servicios de TV cable, con que cubre toda la Argentina (además de diarios en todo el país, aspecto que no es atendido por la ley a la que referimos). Han sido dueños del negocio, del dinero y de un poder mediático de emisión completamente concentrados, y la Corte ha reconocido el derecho inalienable del Estado para regular el otorgamiento de licencias y de esa manera evitar la concentración de la opinión pública en pocas manos.
El grupo ha reaccionado mal, demorando en reconocer la noticia y planteando un comunicado donde retóricamente dice respetar a la justicia, pero en los hechos propone desconocer que el fallo deba cumplimentarse. Intenta confundir a la población diciendo que apelará a organismos internacionales, cuando la decisión de la Corte debe cumplirse sin más trámite y no puede demorarse ni detenerse por ninguna apelación a estrados ajenos al país.
De hecho, el Grupo Clarín -a través de políticos opositores que actúan como sus informales a la vez que fieles voceros- pretende atacar la validez del fallo, mostrando de tal manera rechazo de la decisión hacia el Poder Legislativo que votó la ley, al Ejecutivo que la impulsó y al Judicial que la ha ratificado.
Nadie los votó, pero actúan como un poder fáctico irremisible. Los dueños del Grupo Clarín operan enfrentados a las instituciones de la nación en sus tres poderes, a la vez que a una activa sociedad civil que promovió e impulsó la ley. En este atacar a todos a la vez, su deslegitimación será vertiginosa, como ha sido la caída de sus acciones en la Bolsa argentina.
Las oposiciones políticas, que habían repuntado en las últimas elecciones, colaboran a su propio desprestigio atacando a una decisión que tiene todos los ribetes de lo legal y lo legítimo, y muestran su dependencia -francamente inconcebible- de un grupo mediático que parece tenerlos como súbditos.
Una muestra más de la distancia entre los gobiernos que transforman la historia hoy en Sudamérica, y ciertas oposiciones a ellos que no son otra cosa que una sombra sin personalidad ni acervo ideológico propio, y que juegan como hojas al viento del poder económico o geopolítico de turno.