Durante cuatro años fui testigo de un proceso judicial histórico en una Corte en Florence, Arizona.
El veredicto fue dictado el 7 de enero pasado y dio un inesperado giro al caso de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. Crimen que marcó el gobierno del expresidente de México, Enrique Peña Nieto.
Lo que ni el actual Gobierno de México se ha atrevido a decir, lo dijo de manera clara y contundente la juez Molly S. Frazer: solo instituciones del Gobierno federal mexicano tenían el poder e influencia política suficiente para desaparecer a los normalistas y fabricar una versión falsa oficial para encubrir la verdad.
Todo ocurrió en el marco de un juicio de asilo político solicitado por un mexicano llamado Ulises Bernabé García, quien la noche de la desaparición de los jóvenes estudiantes era un simple juez de barandilla temporal, que multaba las personas que bebían en la vía pública o manejaban en estado de ebriedad, o hacían escándalos en la vía pública.
De un simple juez de paz, como también se conoce a estos servidores públicos, Bernabé García pasó a ser un testigo clave de los hechos que ocurrieron y que no ocurrieron esa noche.
Esto sucedió luego de que García declarara contra la versión oficial del Gobierno, fuera perseguido por las autoridades mexicanas, llegara a los EE.UU. ilegalmente, pidiera asilo político y fuese procesado para determinar si se lo concedían. La magistrada se lo concedió, pero hizo más.
“(La Corte) Desafía la creencia de que un departamento de Policía municipal tendría influencia política y los recursos para planear un intrincado encubrimiento y la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más posible que el Gobierno federal de México y la Policía federal hayan sido responsables de este horrible incidente”, afirma la sentencia de la juez Frazer. (O) *Tomado de la DW