Rafael Correa otorgó el perdón y solicitó la remisión de la condena impuesta en tribunales por el delito de injuria al diario El Universo. Ello, seguramente, no pondrá fin a los ataques que le prodigan los pulpos mediáticos, pero su batalla por la verdad y la democracia informativa deja un saldo político muy positivo en la conciencia de los ecuatorianos y de los latinoamericanos en general.
Como también, el precedente del fallo judicial contra uno de los dos periódicos más poderosos del país, perteneciente, se supo por la declaración de los propios dueños, a una empresa ecuatoriano-estadunidense registrada nada menos que en Gran Caimán. Salvo por los países de América Latina cuyos gobiernos procuran democratizar la comunicación, en casi todas partes las corporaciones mediáticas se han encargado de quitarle dientes a la normatividad existente en la materia y con toda impunidad ni así cumplen con ella.
El presidente siempre dijo que El Universo podía zanjar el asunto simplemente con reconocer públicamente su falta a la ética periodística y ofrecerle una disculpa y, que en caso de haber una indemnización la donaría al proyecto ecológico Yasuní-ITT. Pero a los demandados y a sus aliados del Departamento de Estado, la Sociedad Interamericana de Prensa y los conglomerados mediáticos internacionales lo que les interesaba era que continuara el pleito y el torrente de calumnias contra el gobierno de la Revolución Ciudadana. Doblarle el brazo al presidente y dejar claro que los “medios” son intocables.
Este gobierno ha disgustado mucho a esos poderes, pues como ninguno otro en Ecuador, ha trabajado incansablemente por la igualdad, la justicia social, la reivindicación de los derechos de los pueblos indios y los pobres.
Además, y ya esto es intolerable para la mafia mediática, realizado esfuerzos por democratizar la comunicación, oponiéndose a que los dueños del capital financiero lo sean también de medios. Así que ha entregado más frecuencias de radio y televisión que ninguno anterior, entre ellas 14 a radios comunitarias, de las que asignó 13 a nacionalidades indígenas.
Por si fuera poco, ha presentado al Legislativo un proyecto de ley que reservaría gran parte del espacio mediático para medios públicos y comunitarios, impidiendo a la vez los monopolios.