En días previos, el Gobierno nacional, a través de una vocería contradictoria, lanzó ciertas ideas sobre una posible consulta popular a ejecutarse a la par de las elecciones seccionales de febrero de 2023; con el anuncio se empezó con la especulación sobre los temas que podrían ser consultados, a lo que el propio Gobierno señaló, que serán sobre materias relacionadas a seguridad e institucionalidad.
Con este gran paraguas temático y sabiendo que el Presidente de la República puede consultar a los ciudadanos sobre cualquier materia que se considere como interés público, y tratando de seguir una línea en cuanto al ofrecimiento de la no ejecutada consulta popular de 2021, gracias al poder la información que se maneja por redes sociales, podríamos señalar algunos tópicos a preguntarse, hasta esperar que el 26 de agosto sean anunciadas oficialmente.
En materia de Seguridad casi no existe objeto a ser consultado, porque recordemos que, sobre derechos no se puede consultar, y el derecho a la seguridad solo puede ser ampliado a través de determinadas tácticas especiales. En este sentido, creo que una materia válida que puede tenerse como objeto de consulta es la apertura de la colaboración internacional manifiesta y hasta la intervención en la lucha contra del narcotráfico y todo lo que este acarrea.
La constante lucha entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados en materia de seguridad podría generar una consulta en cuanto a la delimitación de las competencias, a fin de evitar el show de ciertas autoridades; la delimitación de competencias exactas sería algo muy importante a ser tratado, y devenido de esto, la competencia sobre el sistema penitenciario.
En esta materia podría hablarse de preguntas de enganche populista como la tipificación de nuevos delitos con un supuesto carácter preventivo.
En materia de institucionalidad se puede especular poco, ya que es competencia del Estado central su autoorganización y el Presidente es libre de realizar los cambios necesarios, orgánicamente hablando, aunque se podría seguir hablando de la eliminación del CPCCS, aunque la vía ya fue determinada por la propia Corte Constitucional a través de una reforma constitucional de tramitación legislativa.
La reducción en el número de asambleístas toma fuerza; sin embargo, esto responde a la posible ejecución del censo poblacional a finales de este año, en el que por definición hará que aumente el número de asambleístas provinciales de acuerdo al crecimiento poblacional, porque recordemos que el cálculo de estos se da por número de habitantes, no de electores.
De la mano de lo anterior, iría la bicameralidad en el legislativo con la finalidad de aumentar la calidad de producción legislativa y neutralizar la injerencia negativa del organismo en la política nacional, aunque esta fórmula tomará mucho tiempo en madurar por la estructuración que se busca.
Finalmente, cabe señalar que el gobierno tiene que ejecutar esta consulta, ya que vaciar a esta institución como ya se lo hizo con los juicios políticos, revocatorias de mandato, muerte cruzada podrá generar un efecto totalmente adverso en materia de institucionalidad.