En estos días, se reiniciará la revisión de firmas de las organizaciones políticas por parte del organismo electoral. Sin ahondar en los hechos noticiosos sobre la cantidad de rúbricas con inconsistencias, presunciones de falsificación y denuncias presentadas, interesa ubicar cuál es la racionalidad política con la que actuaron esas organizaciones e identificar el tipo de discurso esbozado en los grandes medios.
La Constitución de Montecristi incluyó una definición para los partidos y movimientos como de “organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias”, de igual forma, se reconoce su obligación de rendir cuentas sobre su organización y funcionamiento. Esta apuesta del texto constitucional debió significar la creación de un nuevo sistema de partidos, que rebase la historia de maquinarias electorales y clubes privados de amigos y familiares que distorsionaron el quehacer público, para lo cual exigía una inscripción con la recolección de firmas de militantes o adherentes.
Ese proceso era la oportunidad para que los partidos le digan a la gente en lo que creen y, a partir de eso, propongan su consentimiento y vinculación a la organización. La invitación a la ciudadanía debía arrancar con un proyecto amplio de deliberación pública nacional, en la que expresen cuál es modelo económico que plantearían al país, cuáles son las alternativas para crear empleo y superar la pobreza? Cuáles son las medidas necesarias para profundizar los derechos a la educación y a la salud? Cuáles son las políticas que podrían construir para enfrentar la inseguridad y sus problemas afines?, en definitiva, era la posibilidad para que los sujetos políticos expongan las propuestas e idearios que han construido y pueden proponer al país para rehacer la política y reinventar lo político, esto con la finalidad de lograr las respectivas adhesiones y garantizar ciertos derechos de participación.
La respuesta que tuvimos de la mayoría de empresas políticas, salvo pocas excepciones, fue la de negarnos la opción de debatir y aportar acerca de sus tesis, nunca informaron las condiciones de la recolección de firmas, jamás tuvimos la tarea de refutar o concordar con sus planes de gobierno y principios. Lo que sí encontramos fueron sus figuras de gerentes propietarios negociando y pagando por nuestras firmas para completar los porcentajes de militantes y adherentes que les permita la aprobación de la organización lucrativa; en otras palabras, haciendo uso de ese discurso neoliberal, de tratar lo social como privado y quitar al Estado para dar al mercado, pusieron en manos de este último la facultad de decidir sobre el nacimiento de las organizaciones políticas.
Frente a eso, el discurso de los medios no fue evidenciar nuestras incapacidades como sociedad para asumir la responsabilidad de construir verdaderos partidos políticos, no señalaron las vocaciones tramposas de los sujetos políticos para seguir manejando nuestros derechos y los temas de interés público como actividades de compra y venta de mercancías.
Los medios no saben identificar aún la dimensión de lo que significa que aquellos que buscan nuestra confianza y representación política atropellen nuestros derechos de participación –como fiscalizar actos del poder público, participar en asuntos de interés común, formar parte y desafiliarse de una organización- mediante una estafa a la voluntad libre y soberana para practicar nuestros derechos, porque además de mercantilizar con ellos e impedirnos su ejercicio, nos postergan la aspiración a reencontrarnos con la política, como un proyecto de liderazgo colectivo para enfrentar los grandes desafíos nacionales. Es la racionalidad feudal de algunos partidos de negociar no solamente con nuestras identidades y decisiones, sino con nuestros derechos, cuando su real preocupación debería ser la de sugerir políticas para proteger su entera aplicación.
Compete, como sociedad, exigirles a las organizaciones políticas que sean públicas y que la rendición de cuentas de sus acciones sea permanente. A los medios, en cambio, su deber es inquirir las prácticas de las organizaciones y revelar sus responsables, sin tomar posición velada de apoyo a algunos, por jugar roles opositores contra otros.
Cabe, sin duda, insistir en el establecimiento de filtros y controles informáticos más rigurosos para la dependencia de control electoral. Nos corresponde movilizarnos para exigir transparencia y una auténtica refundación del sistema de partidos. Además, en las próximas elecciones, no solamente deberemos escrutar candidatos y propuestas de trabajo, nos tocará llevar una pequeña lista, con los números y porcentajes de firmas falsas de aquellas empresas que creen, que nuestros derechos siguen teniendo un precio, para no votar por éstas y no permitirles que sigan lucrando con nuestras garantías.
Para hacer válida la premisa de Franzé, “la política no es la realización de la voluntad autónoma (perversa o no) del político, sino la expresión –más o menos ajustada- de necesidades sociales”, no bastaría con los cientos de causas que se procesan en la Fiscalía; sería también oportuno un llamado de atención público de los organismos encargados de vigilar el cumplimiento de los derechos ciudadanos contra las organizaciones políticas, por la afectación sufrida.