Difícilmente alguien se declara a favor de la pobreza y la exclusión afirmándolas como condiciones sociales deseables. Mucho menos ahora que hasta los organismos multilaterales declaran la necesidad de vencer estos flagelos y que la Cepal insiste en que hemos arribado a la hora de la igualdad en Latinoamérica. Por ello, estamos en la obligación y la posibilidad de reducir las brechas insultantes en nuestra región. El problema es: ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para reducir la pobreza?
En América Latina, seis aspectos reclaman la atención de cualquier propuesta que tenga arraigo popular, conserve su carácter humanista y se oriente a reducir los niveles de incertidumbre en las grandes mayorías: la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda, la seguridad ciudadana, el arte y la cultura. El Estado está llamado a una intervención decidida a través de la elaboración de sólidas políticas públicas.
En el caso de la educación, la salud y la seguridad social, solo la calidad en el servicio público de los sistemas garantizará su eficacia. Tres factores son imprescindibles para la obtención de esa calidad: infraestructura, dirección consistente y formación adecuada de los actores que ejecutan esos servicios. Es decir, buenos directores de centros educativos y de salud, y buenos maestros y médicos, producto de una formación exigente y permanente, en la cual la evaluación es una herramienta muy útil.
En el centro de todo lo anterior está la cuestión de la generación de ingresos por caminos dignos. La propuesta educativa tendrá que mostrar cómo estaría conectada con la estructura productiva de la sociedad que se expresa como posibilidad de un trabajo digno. Es decir, es preciso explicar a los sectores excluidos, cómo es que la educación podrá cumplir con su rol de facilitar la movilidad social ascendente, de manera que por ello se convierta en parte de un buen horizonte, permitiendo motivar a los jóvenes al sacrificio en el presente, con base en la confianza de un futuro mejor.
A la necesidad de asegurar el acceso a dichos derechos, se suma la urgencia de garantizar a los pobres el acceso a una vivienda digna. Por eso, creo que está fuera de toda duda la importancia de un plan de vivienda como parte de políticas sociales a favor de la igualdad y contra la pobreza. El derecho a la vivienda, que incluye el acceso, uso del espacio público y el equipamiento urbano, es uno de los más sensibles.
El arte y la cultura deben ser espacios privilegiados en los barrios populares. Los productos artísticos que allí se elaboran son una expresión cultural y, al mismo tiempo, pueden ser la construcción de una visión ‘disidente’ con respecto al mundo dominante del cual los pobres son excluidos y la irrupción de la aspiración a una vida digna.
Además de ser también derechos ciudadanos, son medios privilegiados de conformación de estilos de vida con base en valores contrarios a los dominantes y que son afirmados como más humanos.