El proceso de paz colombiano registró la semana pasada un avance considerable, gracias al acuerdo alcanzado sobre la futura participación política de la guerrilla de las FARC. Esto demuestra la madurez de la interlocución emprendida en La Habana: no puede haber unas negociaciones serias sin un reconocimiento mutuo de las partes, lo cual pasa necesariamente por la posibilidad de perseguir los fines políticos a través de medios pacíficos.
Paralelamente, la reiterada hostilidad manifestada por el expresidente Uribe hacia los diálogos de paz es la prueba de una escisión histórica en el seno de la derecha colombiana. Como me señaló el diputado Iván Cepeda durante una entrevista realizada el pasado mes de mayo, se han perfilado dos formas de ver al neoliberalismo: una que concibe la paz como condición para el desarrollo de ese modelo, y otra que ve una compatibilidad sustancial entre una economía de guerra y el proyecto neoliberal.
La izquierda colombiana puede traer un beneficio enorme de este proceso. Esta parte política ha sufrido la sucia ecuación plasmada en el imaginario colectivo nacional por unas élites perversas, las cuales han equiparado la sed de justicia social y la militancia de izquierda a la violencia guerrillera, preludio a la exterminación y marginalización sistemática de cualquier tipo de disenso. Este tipo de ecuación ha sido un elemento fundamental de la anomalía democrática colombiana. La terminación de las hostilidades es la condición sine qua non para redimensionar los antagonismos y volver a dar linfa a opciones de cambio social. No es solamente la izquierda que se beneficiaría, es la democracia y el país entero.
En este sentido, existen varios elementos pendientes. En primer lugar, la refrendación de los acuerdos de paz es uno de los grandes dilemas. El riesgo del referéndum -opción impulsada por el Gobierno- reside en la escasa participación social con la cual ha contado el proceso -una culpa directamente imputable a Santos-, lo cual provee terreno a la retórica belicista de Uribe. Además, el referéndum impide llevar más adelante el contenido de los acuerdos.
Segundo, la participación política de las FARC debe contar con todas las garantías necesarias para evitar el fantasma del exterminio de la Unión Patriótica. Finalmente, el juego democrático colombiano debe pasar por una renovación radical de las estructuras mafiosas y excluyentes del aparato electoral, condicionado por la simbiosis en la cual han vivido por décadas grupos de poder económico, Estado y paramilitarismo. Tras el acuerdo de paz, la izquierda debe hacerse protagonista de estas instancias constituyentes, proponiendo sus esfuerzos como una prolongación de la mesa de diálogo hacia una mayor democratización del sistema político y económico colombiano.