Capital financiero + oligopolios mediáticos dan como resultado: la dictadura del siglo. Hay un maridaje sinuoso entre ambos actores, situándose como un bloque político muy compacto en la convergencia de tesis afines y defensas públicas aliadas.
En la fase constituyente articularon una oposición a cambios demandados por la sociedad, cuando escondían soterradamente su desacuerdo a que los grupos financieros no puedan poseer algún tipo de participación en empresas ajenas a la actividad financiera, así como a la prohibición que en medios de comunicación social exista algún tipo de intervención de esos grupos con su inversión o patrimonio.
Posteriormente la consigna fue oponerse a la consulta popular de 2011, cuando se preguntaron temas como impedir que las instituciones del sistema financiero privado y las empresas de comunicación privadas, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional. La lista sigue, con los intentos por deslegitimar el conjunto de legislación reformatoria que fijaba distintos tipos de regulaciones a este sector, porque, en el fondo, atentaba contra los intereses de las entidades representantes del capital financiero, que se rehúsan a socializar las ganancias y redistribuir la riqueza nacional. Durante los momentos narrados, tuvieron el eco de las corporaciones mediáticas con invitados de honor: autoridades de la Iglesia católica. Siempre hilvanando discursos simbólicos para suscitar amenazas y sustos.
¿Qué sector ha sido uno de los más grandes beneficiarios de los subsidios estatales? ¿Acaso esa visión patrimonialista y rentista del capital financiero no ha sido una de las causas de atraso en derechos económicos para el resto de segmentos poblacionales? ¿Al oponerse a regulaciones para ordenar el sistema financiero no será que lo que pretendieron es mantener su statu quo? ¿No son estas prácticas una forma de atentar contra la democracia económica?
La prensa comercial se convierte en oligopolios mediáticos cuando despliega una gramática sustentada en el afán de poder por crear representación política de la sociedad; someten la democratización de la comunicación a las exigencias del capital y excluyen de estos derechos a la mayoría de la población por su finalidad de lucro. Estos oligopolios orquestaron una oposición, sin planteamientos ni alternativas que viabilicen una ley que pueda desarrollar los derechos deliberativos, en materia de información, comunicación y su relación con la participación. No quieren reconocer que no existe Estado en el mundo que no tenga algún tipo de regulación sobre el quehacer de los medios de comunicación.
Paradójicamente, los mismos medios comerciales fueron incapaces de desarrollar discusiones públicas y amplias que clarifiquen los criterios sobre qué se regula y qué no se regula, quién regula y cómo lo hace. Tampoco asumieron la posición seria de construir lineamientos o parámetros participativos de cómo debería funcionar la regulación de medios, en armonía con los instrumentos internacionales sobre derechos fundamentales. Bien podría resumirse su postura: defender los derechos y libertades comunicacionales para los dueños de los oligopolios.
Se dedican a atacar como actores políticos con objetivos direccionados, pero se justifican en defender libertades de expresión de la sociedad. ¿Cuántos juristas y economistas consagrados han hecho la “opinión pública” de este país? ¿Acaso el informe de auditoría sobre la entrega de frecuencias no arrojó como resultado que los medios están concentrados en 19 familias? ¿Qué políticas han propuesto los oligopolios mediáticos para implementar avances hasta que pueda aprobarse la ley? ¿Qué les ha importado más: promover derechos deliberativos para audiencias críticas o vocería política de representantes de grupos financieros? ¿Cuáles son los límites que son capaces de admitir y construir para el poder mediático? ¿Por qué no han exigido una verdadera reversión de frecuencias en los casos demostrados por la ilegalidad e ilegitimidad de procedimientos? ¿Por qué son muy escasos los aportes en temas como el desarrollo de medios comunitarios, reserva de la fuente, defensor de audiencias, cláusula de conciencia, calidad de la información y de periodismo? ¿Por qué los oligopolios no se han preocupado por empezar defendiendo los derechos de los profesionales que laboran en sus empresas? ¿Cuáles han sido los manuales de autorregulación para proteger derechos de la niñez y adolescencia, o para supervisar posibles mensajes de odio y violencia? ¿Cómo pueden contribuir a la democracia, si son coautores de la concentración en la propiedad y control de medios? ¿Al defender únicamente sus intereses no es una forma de atentar contra la democracia informativa y comunicacional de la sociedad y, por ende, de sus diversas libertades?
En cada época de elecciones sigue activa la alianza dictatorial. Predefinen sus candidatos y establecen sus apoyos velados. Ambos actores tampoco han contribuido -en el pasado y en la actualidad- a la equidad e igualdad en participación electoral. El bloque se consolida como capital financiero mediático para buscar favorecer a sus preferencias políticas. El ejercicio democrático de derechos políticos, mediante acceso equitativo a los espacios mediáticos, ha estado ausente para la gran mayoría de individuos y colectivos, aspectos que pueden leerse como autocrítica conjunta de medios públicos y privados.
Necesitamos entidades que se dediquen a reforzar el sistema financiero privado en perspectiva de orden público, respondiendo a derechos de usuarios y consumidores, antes que a intentos por reconstruir centros de intervención en políticas económicas nacionales. Necesitamos también medios de carácter comercial, sin que esto signifique utilizar sus negocios como plataformas que desgasten las instituciones de representación, para intentar reemplazarlas y asumir su rol. Queremos que recuperen su vocación democrática: hacia la construcción de condiciones de pluralismo informativo y equidad -como principio para el flujo de comunicación-.
El matrimonio entre capital financiero y oligopolios mediáticos es una dictadura contemporánea, porque ha mermado distintos tipos de capacidades y derechos de las grandes mayorías. Hoy en día, democracia supone un proyecto por redistribuir el poder, el capital y la riqueza nacional; que no es posible hacerlo con grupos que dicen defender la democracia, y la mantienen al borde de sus abusos, burlando regulaciones.
*Docente universitario