“Hay graves irregularidades, y eso tendrá que judicializarse y tendrán que responder los que dieron las garantías mal dadas y los que dieron el crédito mal dado y, por supuesto, este tipo Duzac si no paga”. Estas fueron las expresiones del presidente Rafael Correa en un encuentro con la prensa en la ciudad de Guayaquil en relación al caso Cofiec-Duzac.
La indignación del presidente Correa refleja el sentir del país, y es que las respuestas hasta ahora dadas por los responsables de la administración y el directorio del banco Cofiec dejan un mal sabor en la percepción ciudadana. Siendo este un tema tan delicado es importante que los ciudadanos tomemos conciencia de que hay que investigarlo y judicializarlo sin el consabido show político, que lo único que logra es crear más confusión y restarle credibilidad a cualquier proceso que se inicie.
Por el bien del sistema financiero, el organismo de control debe actuar de inmediato, sancionando con base en la autoridad que le confiere la ley, a los funcionarios responsables de haberla violentado para otorgar este crédito de 800 mil dólares que ha traído más de un dolor de cabeza. La Superintendencia de Bancos, una vez determinadas las responsabilidades, deberá señalar a los responsables y destituirlos.
Por otro lado, la justicia ecuatoriana debe actuar de inmediato, pues ante la información que recibimos en relación con la aprobación y otorgamiento de este crédito, se habrían cometido otras irregularidades que, de comprobarse, serían la ratificación de un acto concurrente de varias voluntades con la clara finalidad de beneficiar a un personaje que hasta ahora se pinta tan siniestro como misterioso.
Que los avales para este crédito hayan sido extendidos en primer lugar por Seguros Rocafuerte a través de certificados de depósito de su propiedad y, posteriormente y en sustitución de estos por otra empresa, que al igual que la primera son propiedad del Fideicomiso AGD No Más Impunidad, no solo es sospechoso sino que, además, es insultante, más cuando la realidad de estas empresas se deriva de la gran crisis financiera y ética de fines de los 90.
Recordemos que al ser Cofiec una institución cuyo patrimonio está constituido por fondos públicos, tal como lo ha confirmado la Intendenta de Bancos en respuesta al requerimiento de una legisladora, estas supuestas irregularidades deben investigarse con absoluta transparencia y eficacia, sin importar nombres y apellidos de los involucrados y, de ser el caso, sancionarse con todo el rigor de la ley. En este aspecto la Función Judicial tiene la oportunidad de reivindicarse con el país y el Ejecutivo debe ser el mayor interesado en que la verdad salga a la luz.