Todos los órganos del poder deben cumplir las competencias que les asigna la Constitución. Entre ellos los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), cuyo plan de obras es financiado en su mayor porcentaje con las asignaciones presupuestarias del Gobierno central, que mensual y automáticamente son transferidas a sus cuentas.
El hecho de que el presidente Correa haya compartido en forma extrapresupuestaria los frutos de su exitosa gestión de política económica, incluidas la recaudación tributaria y la renegociación de la deuda externa, con los organismos seccionales sin discrímenes partidistas ni otra consideración que los proyectos viables para atender la inequidad social acumulada por la misma partidocracia, no lo pueden asumir como una obligación del régimen ni reclamar caridad con escopeta.
La oposición al frente de alcaldías, consejos provinciales y juntas parroquiales, tiene el cinismo de protestar por lo que llama ‘escalada de impuestos’, cuando esos organismos son los primeros en beneficiarse, no con el aumento tributario que alegan, sino con una verdadera gestión en la recaudación de tributos, en virtud de la cual ahora pagan los que nunca pagaron.
Y para no desgastarse ante clientelismos electoreros cautivos, se abstienen de revisar sus catastros y se hacen de la vista gorda con los prediales de la gallada y prefieren que el Gobierno siga entregando recursos, los cuales requiere con urgencia para cumplir sus competencias y mantener el plan de obras y ejecutorias programadas en el marco de la aceleración de la Revolución Ciudadana.
Que prueben si a algún GAD el fisco le ha disminuido su cuota presupuestaria mensual; por el contrario, mantiene su tendencia al alza por la eficiente planificación del Estado alineado al Plan Nacional del Buen Vivir, que, para lograr sus metas, exige que cada nivel de gobierno asuma sus competencias y cumpla con sus respectivas obligaciones. Ello evitará la duplicidad de inversiones y optimizará los recursos públicos para atender las necesidades no satisfechas de la población.
Quede claro que los estados de emergencia y mitigación por causa de desastres y siniestros naturales, como un eventual ‘Niño’, está previsto que sean atendidos con sentido de prioridad por el Gobierno central. En lo demás, que cada quien cumpla con los mandantes en el marco de sus ofertas de campaña, para que no siga campeando la demagogia.