La necesidad de la descentralización de la administración ha sido reconocida como uno de los condicionantes para facilitar el desarrollo del país. Históricamente la centralización administrativa es uno de los problemas presentes en los países del tercer mundo, al cual se le ha atribuido el fracaso de importantes proyectos de desarrollo agrícola, como son los sistemas de riego, los cuales no han logrado recuperar las inversiones realizadas para su construcción.
Las entidades internacionales de crédito para el desarrollo al analizar el fracaso financiero de los proyectos de riego evidenciaron entre los defectos la actuación en la administración de funcionarios ajenos al medio en los cuales los usuarios no confiaban y, como consecuencia, se generaba la ingobernabilidad de las organizaciones con el consecuente descuido de la operación y mantenimiento, deterioro de los sistemas de riego y pérdidas de la inversión.
Estos hechos han sido motivo de frecuente reclamo de parte de las autoridades locales a la administración central. Para obtener la competencia administrativa y participación efectiva en los proyectos de desarrollo, entre sus argumentos favorables esgrimían que al ser nominadas en eventos democráticos contaban con el reconocimiento del colectivo social local facilitando su actuación administrativa.
Actualmente nuestra Constitución (2008) facilita esta posibilidad confiriendo a los gobiernos provinciales la capacidad para la ejecución de los planes para el desarrollo regional y lograr el progreso equilibrado, eficiente y descentralizado del Estado, lo cual está expresado en el Título V, Capítulo tercero: Gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales; y Capítulo Cuarto: Régimen de competencias, art. 263, en el cual se otorgan amplias facultades para desarrollar proyectos para el aprovechamiento del agua.
A la fecha, la respuesta de los gobiernos provinciales para responder a los indicados incentivos no parece entusiasta, no obstante el compromiso que necesariamente tendrá que enfrentar el país, ante el cambio de matriz productiva, necesidad que exigirá la capacitación de los agricultores y tecnificación de sus cultivos para aumentar su productividad, además de generar valor agregado.
El cambio que esto significa no es únicamente pasar de una economía primaria de exportación a la industrial, sino también pasar del aprovechamiento de los recursos no renovables al aprovechamiento de los recursos inagotables del desarrollo del conocimiento y el talento.