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El Telégrafo

Candidaturas y responsabilidad política

06 de noviembre de 2013

La recta final de la fase preelectoral se avecina. Las definiciones de candidaturas van de la mano con el estrecho calendario a cuestas. Las agrupaciones políticas cumplen con los requisitos de rigor, entre ellos, los mecanismos internos de primarias consagrados por la ley. Con lo anotado, tan solo falta esperar las inscripciones de postulantes para que arranque oficialmente la campaña.

Las agrupaciones políticas intensifican cabildeos que permitan identificar a sus mejores cuadros, quienes terciarán en febrero del año entrante para las vocalías de juntas parroquiales, concejalías, alcaldías, viceprefecturas y prefecturas provinciales. Sin embargo, no siempre los partidos seleccionan a las mejores mujeres y hombres, sino a ciertos aspirantes que tienen un eventual influjo mediático, comodidad económica y estrechos nexos con la cúpula directiva, dejando a un lado otras características esenciales y válidas, como la formación profesional, preparación académica, compromiso con la colectividad, antecedentes en la labor y aporte comunitario, capacidad de gestión pública, honestidad de procedimientos, aplicación ética en la conducta particular y social. Esto es detectar en el (la) candidato (a) rasgos visibles de liderazgo en los diversos niveles de gobernanza.

Es menester, también, que los movimientos políticos tomen en cuenta que las candidaturas seleccionadas deben apelar como prioritaria su actitud democrática, considerando su permanente relación con la ciudadanía, esto es, comulgar lazos de tolerancia y respeto por la crítica del otro (a) y asumir con madurez el disenso que pudiera surgir de los sectores gobernados. Igualmente, hay que detallar como línea de trabajo el incentivo de la participación popular en la toma de decisiones, previamente a una discusión y potenciales acuerdos que redunden de manera metodológica en planes y programas de desarrollo.

Los (as) candidatos (as) deben conocer la realidad de sus territorios, con la finalidad de construir políticas públicas y exponer alternativas de solución a los problemas acuciantes en su entorno cercano, en los ámbitos: social, vial, productivo, agropecuario, turístico, ambiental, urbanístico, viviendístico, cultural, artístico, recreativo, etc. Esto, en concordancia a un cabal entendimiento de las competencias delimitadas legalmente y a una adecuada y sistemática articulación interinstitucional, para que no se dupliquen funciones y se optimice la planificación y los recursos designados para obras y proyectos específicos.

Finalmente, el (la) candidato (a) no puede desligarse de un punto de vista ideológico, ya sea  de izquierda o de derecha. Lo importante es que no haya dubitación en su expresión política, toda vez que su intervención eleccionaria tendrá el aval de una determinada afiliación o adhesión partidaria, esto, adicionalmente, para evitar en el futuro los consabidos “camisetazos”.

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