La prensa ha puesto en primera plana los problemas afrontados por el sector brocolero, entre otros, sobreoferta a nivel internacional por competidores en Guatemala, México y Colombia, que el Gobierno tuvo en cuenta para aceptar que no pague el anticipo al impuesto a la renta de 2013. Y se le pide que pague a los productores, por la no renovación de la ley de Preferencias Arancelarias Andinas, una compensación de 149 dólares por cada mil de exportación.
Es oportuno hacer un balance integral del problema, teniendo en cuenta otros aspectos, como lo hace la investigación, aún inédita, “El brócoli amargo”, de François Houtart ((IAEN) y María Rosa Yumbla (Flacso), quienes examinan no solo las condiciones ambientales de la producción, sino también las laborales, los efectos sobre la salud de los trabajadores y de la población, la opinión pública, y ofrecen propuestas para una transición.
Como lo advierten los investigadores, el cultivo de brócoli crece en Ecuador, principalmente en Cotopaxi y Pichincha: 5.000 ha actualmente, 3.359 ha hace diez años. En 2012 se produjeron 70.000 toneladas con un ingreso de 69 millones de dólares.
La organización es vertical, agroempresa para la producción y agroindustria para el proceso y la comercialización. La multiplicación de entes jurídicos responde a ventajas fiscales o laborales, pero la propiedad queda en las mismas manos. Y las dos instituciones de cúpula están localizadas en paraísos fiscales.
Deben preocupar las condiciones ambientales de la producción, entre otras razones, porque el uso de agroquímicos está afectando las aguas y el grado de contaminación es alto en lugares cercanos a las plantaciones. Y sobre todo, las condiciones laborales, que los investigadores han estudiado en detalle, imposible de detallar en tan corto espacio.
Aquí fungimos de pregón para que la investigación sea conocida por todos, confiados en que las autoridades laborales consideren las propuestas.
Desde un principio, los trabajadores se han quejado de las malas condiciones laborales y de las intimidaciones de parte de empresas a que se organicen en sindicatos: “Si no acepta las condiciones, hay cinco personas que esperan en la puerta para tomar su empleo”.
En 2010 se creó el comité patronal, al que se obliga a afiliarse a los nuevos trabajadores. El resultado es que en 2012, en la planta de Prodefrut, en Guaytacama, 850 (82,6%) trabajadores estaban afiliados al comité patronal, y solo 17,4 % al sindicato. En la empresa de producción Nitanga, el 100 % de los trabajadores está afiliado al comité patronal. La investigación de marras es un aporte fundamental al bien común, que quisiéramos ver publicada en este diario, para un debate público.