Para Dilma y el Partido do Trabalhadores, el Mundial de fútbol no va a ser un espectáculo para gozar en tranquilidad. Aunque, según las últimas encuestas, su reelección no estaría en peligro, el evento trae consigo la incertidumbre de las épocas en las que se advierte la posibilidad de una transición, por más que esta no se encuentre del todo madura. Por un lado entonces, el evento podría ser una redención de todos los escándalos y dolores de cabeza que afligen el gobierno de Dilma, facilitando la tarea en las presidenciales de octubre.
Sin embargo, podría también convertirse en el catalizador de una insatisfacción que está emergiendo en Brasil, pero que aún no tiene rumbo ni proyectos políticos capaces de interceptarla plenamente.
Lo que más se teme en los círculos gubernamentales es una réplica de las manifestaciones populares que el año pasado alborotaron el país durante la Confederations Cup. Varios desórdenes ya han causado algunos muertos, y esto explica el estado de alarma que ha llevado al amplio despliegue militar ordenado por el Gobierno. El recurso a la violencia ha sido constante en la recta final del Mundial: violencia arbitraria para reprimir a los manifestantes el año pasado, violencia preventiva para sedar a las favelas, violencia como última instancia para desalojar a las más de 170.000 familias cuya culpa consistía en vivir en zonas investidas por las obras del Mundial y sobre cuyos gastos y efectiva necesidad se ha desatado una fuerte polémica.
Se trata, en realidad, de un fenómeno recurrente en la historia del país: cuando la clase política se encuentra agobiada por su impotencia, cuando la ‘estabilidad’ es puesta en riesgo por voces disidentes, la violencia se torna en la amarga medicina para suministrar a las clases populares, un poderoso ansiolítico cuyos efectos colaterales se advierten solamente en las zonas más periféricas de la sociedad.
Sin embargo, el Gobierno brasilero ha recientemente jugado también la carta de una ampliación de las políticas sociales de Lula, cuyas impresionantes estadísticas, publicitadas orgullosamente por todo el mundo en la década pasada, están dejando entrever ahora su insuficiencia ante el histórico déficit social. Tras el ‘mensalão’ (mensualidad) que sacudió el PT en 2005 por el soborno de numerosos diputados, es ahora la compra de una refinería a un precio aumentado por parte de Petrobras la que está poniendo en apuros al Gobierno. Está aquí en disputa un significante de enorme importancia para los brasileros, su compañía estatal más representativa, el tesoro de todos los ciudadanos. No debería asombrar que Aecio Neves y el tándem Eduardo Campos/Marina Silva, los directos competidores de Dilma, estén insistiendo con fuerza sobre este asunto.
Con un crecimiento económico aún satisfactorio y una inflación en crecimiento, pero bajo control; desórdenes sociales en parte reprimidos y en parte secundados, una coalición de gobierno constantemente en pelea por los puestos, pero recientemente aplacada con las nuevas designaciones ministeriales, la hegemonía del PT perdura, pero no sin temores.