En la FLACSO, Quito, se lanzó el libro “Hacia una reforma del Bono de Desarrollo Humano” con reflexiones de sus autores, Juan Ponce, Francisco Enríquez y Fernando Unda. Loable la publicación y el conversatorio. Se planteó las características del Bono pero se dijo poco sobre una de las más destacadas: su contribución a la pensión universal del adulto mayor.
El Programa de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), en la jerga técnica, enfatiza tres líneas de intervención: educación, nutrición y salud, es decir básicamente para la población infantil. Se entrega, acertadamente, a las madres en un monto actualmente razonable de 50 dólares mensuales. Si el niño va a la escuela, es llevado a los controles en el centro de salud, mejora su nutrición, el programa cumple su objetivo, y, por lo tanto, con la “graduación” del niño, la familia debería salir del mismo. El programa, que se cumple en el país desde 1998, ha tenido un notable impacto al atender a las poblaciones en pobreza extrema, sobre todo en las áreas rurales.
En cuanto a la justa política internacional de “Pensión universal para los adultos mayores”, se espera que todos ellos (de 65 años en adelante en el Ecuador) la reciban. Actualmente el Seguro Social apenas supera la cobertura del 20 % de la población, incluyendo en ella al 10% de jubilados del Seguro Social Campesino que reciben 70 dólares mensuales. Es decir existe un 80% de adultos mayores que no tiene ningún ingreso económico tipo jubilación, por no haber sido “afiliado” al IESS. En este contexto el Bono para los adultos mayores se constituye en una salvación económica individual y familiar, ni se diga en las áreas rurales, en donde 50 dólares son un apoyo singular y tratándose de una pareja 100 dólares es una respuesta significativa. Es obvio que también se trata de una respuesta temporal, pues conforme se universalice el seguro social hasta cubrir al 100 % de la población, no se requeriría de este Bono.
Se asegura que del 80 % de adultos mayores sin ingresos (784 000 personas), el Bono cubre hoy a más del 60% de ellos (alrededor de 500 000 adultos mayores). Ciertamente es un logro trascendente, pues su seguridad económica es un derecho esencial. Como los servicios de salud y los de educación no tienen costo, y se dispone ahora de créditos para vivienda, su futuro se torna promisorio, y si ellos actúan colectivamente, los adultos mayores se hallan en el camino de “empoderarse” y contribuir a su Buen Vivir y al colectivo.