El Gobierno, con claridad y transparencia, ha dado a conocer que se propone un reordenamiento portuario, asumiendo responsablemente, con visión de largo plazo, una política de racionalización con cierta especialización a través de su Plan Estratégico de Movilidad, tomando en cuenta las nuevas realidades de transporte y comercio mundiales y el nivel de saturación del viejo puerto. A esto la oligarquía anárquica y lucrativa llama “dirigismo estatal” y no acepta.
También decidió explotar el petróleo del ITT, con tecnologías avanzadas que minimicen las afectaciones ambientales, en un área inferior al uno por mil del territorio, una vez que la iniciativa Yasuní fue saboteada por el capitalismo de rapiña, el de las transnacionales, cuya historia depredadora del medio ambiente, de ultraexplotación y saqueo de nuestros recursos naturales es conocida. En nuestros países hay miles de ejemplos que confirman este aserto.
La moribunda partidocracia y su poder oligárquico, al servicio del poder mundial, han vociferado sobre estos temas. Su posición no es seria, es mentirosa, responde a intereses protervos; buscan confundir, sacar provecho político y afectar al Gobierno. Veamos:
Sobre el puerto persisten en una falacia, esto es que el Gobierno quiere desaparecerlo, quitarle “la carga”, convertirlo en puerto de cabotaje y turismo; que impedirá que se construya un puerto de aguas profundas en Posorja, del cantón Guayaquil.
La derecha, con su Alcalde a la cabeza y gente vinculada a su gestión, tomándose alegremente el nombre de Guayaquil, afirma que el Gobierno busca separar a la ciudad de su “historia portuaria”, “afectar a la población y a todos los operadores, a las fuentes de empleo y progreso”. En una palabra, quiere liquidar la ciudad y a la gente. “Vamos a dragar” dicen en tono amenazante y advierten que su lucha “continuará”. En esa conducta, sin escrúpulos, lo embarcan al arzobispo Arregui, que suscribe todo eso, afectando a los creyentes católicos, que tienen otras posiciones, cuando se supone que a todos los representa.
Por cierto que el Gobierno no tiene esa posición y busca, como en todos estos años, el crecimiento sostenido y el bienestar de la gente, quitándole a la oligarquía el poder que siempre tuvo en el conjunto del Estado y en la Autoridad Portuaria, otrora madriguera oligárquica, como también lo eran el Comité de Vialidad, la Comisión de Tránsito y otras.
En el tema Yasuní cunde la hipocresía; todos sabemos que la partidocracia y sus voceros siempre han estado al servicio de las petroleras, a las que entregaron el 80% de los ingresos; nunca les dieron destino social; depredaron hasta la saciedad, contaminaron, afectaron la vida en su conjunto, robaron. Tal es el caso de la Chevron, que hizo daño a mansalva. De eso no dicen nada; son alcahuetes de los que se burlaron del país, violentaron su soberanía, liquidaron lo poco de democracia que había. Lo lamentable es que otros, de trayectoria distinta, confundidos o políticamente enceguecidos, les hacen el coro a estos “ambientalistas” de última hora, que jamás pensaron que el ser humano es lo esencial de la naturaleza y lo apabullaron hasta la saciedad. Pura hipocresía.
Lo que la mayoría quiere es aprovechar racionalmente la naturaleza en beneficio de la vida de la gente, parte fundamental de ella. Ahora es posible hacerlo; antes, jamás se lo hizo.