Cuando en el clímax del neoliberalismo y del bobo aperturismo el gobierno de entonces permitió el sospechoso manoseo del costo del OCP, que de menos de quinientos millones de dólares pasó a la friolera de más de un mil quinientos millones, alegando que no importaba, total eran capitales privados externos, más bien se apresuró a garantizar esa inversión con una complaciente tolerancia a la acción depredadora contra el medio ambiente que consumó la constructora en la ruta del oleoducto de crudos pesados.
La maniobra del insaciable capital transnacional nos demuestra que en su frenética búsqueda de plusvalía, no tiene escrúpulos ni límites. Hoy se habla de dolosos manejos tributarios por parte de OCP en perjuicio de la caja fiscal, mediante el mecanismo de autoconcederse multimillonarios préstamos ficticios a través de una empresa relacionada domiciliada en un paraíso fiscal y con tasas de interés por sobre el 18%, procedimiento que contrasta con un crédito obtenido en Alemania a no más del 4% de interés. Estas prácticas le sirvieron a la evasora para inflar artificiosamente sus gastos, en perjuicio del verdadero valor que debe pagar al Estado por Impuesto a la Renta.
Lo terrible es que la glosa determinada por el SRI en contra de OCP ha sido desvanecida por dos de los tres jueces de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, que resolvieron a su favor, pese a que existen más de tres sentencias de última instancia en contra de la subcapitalización, que sentaron el precedente jurisprudencial de aplicación obligatoria; pero los complotados judiciales parece que se fueron por el sospechoso camino del prevaricato.
El titular de la Administración Tributaria presentó la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para evitar un monstruoso perjuicio al fisco por mil millones de dólares, además de la correspondiente queja al Consejo de la Judicatura, que reaccionó resolviendo la suspensión de los togados implicados en este escándalo tributario que debe merecer la condena de la opinión pública. No debemos perder la sensibilidad de sorprendernos ante procedimientos mañosos de ciertos rezagos de una justicia tramposa y corrompida que deben ser rechazados por la conciencia ciudadana, beneficiaria y testigo de la actual revolución judicial ordenada por el soberano en la última consulta popular.