Lo de Sarayaku es un atentado contra el Estado Nacional. Amparándose en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a otros asuntos, la dirigencia de esa comunidad indígena se ha declarado desobediente a la autoridad pública y con armas en la mano ha buscado ejercer su ‘autonomía’.
Si su decisión de amparar a un grupo de sentenciados por la justicia fue ya una audaz rebeldía contra la autoridad pública, esto último equivale a una declaración de guerra al Estado Nacional.
Ni Sarayaku ni ninguna comunidad indígena puede actuar como un Estado dentro del Estado. La sola formulación verbal de esa pretensión constituye ya un intolerable atentado contra la integridad del país, que algunos despistados apoyan por puro odio político al Gobierno.
La nación ecuatoriana no nació ayer y es una entidad histórica respetada y respetable, que hace 200 años se constituyó como Estado y desde entonces ha luchado duramente por su existencia autónoma. Es más, por medio de su última Constitución se ha proclamado como un Estado plurinacional, precisamente en busca de amparar debidamente a todos los pueblos, nacionalidades y culturas particulares que coexisten en su interior.
Hace pocos años la Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobó esa resolución que ampara el autonomismo de una comunidad amazónica, alentando con ello a los teóricos del ‘pachamamismo’, que aspiran a reconstruir el mundo a partir de sus sueños milenaristas, desguazando a los actuales Estados Nacionales.
Esa misma pretensión alienta el imperialismo, que encuentra en los Estados Nacionales el mayor obstáculo para sus planes de saqueo de los recursos naturales del planeta. Así, pues, no ha sido casual esa resolución de la CIDH, que estimula el autonomismo de una pequeña etnia asentada en tierras ricas en petróleo, de lo cual podemos colegir su finalidad última.
Hace ya varios siglos que el mundo moderno y contemporáneo está organizado a partir de los Estados–Naciones que integran la comunidad internacional. Por ello, cualquier pretensión milenarista y etnicista apunta a destruir la civilización contemporánea y a sumirnos en el caos étnico y racial. El ejemplo de lo ocurrido con la antigua Yugoslavia es lo suficientemente próximo como para mostrarnos los riesgos de tal ruta.
No pretendemos negar los derechos legítimos de los pueblos indígenas, que merecen ser tratados con respeto y aún con especial cuidado a sus culturas, que son parte del patrimonio común de la humanidad. Pero tampoco esos pueblos pueden pretender la destrucción del Estado plurinacional que los ampara, para volver a los tiempos de la lanza y la cerbatana.