En pocos días más el Ecuador conmemorará dos años de la consulta popular en la que las diez preguntas obtuvieron la aprobación mayoritaria de la ciudadanía. En lo fundamental esta consulta será recordada por la historia por eliminar el negocio de los casinos, limitar las corridas de toros, reafirmar la necesidad de una Ley de Comunicación y, fundamentalmente, por “meter la mano a la justicia”. Y fue este acontecimiento el que marcó un antes y un después en la vida política del país.
De hecho, a partir de esa consulta el Gobierno “perdió” algunos aliados y éstos pasaron al bloque opositor con coincidencias nunca imaginables. Y también “ganó” un apoyo político que solo se hizo evidente el pasado 17 de febrero. A la larga, esa consulta también sustentó el presupuesto político de la oposición pensando que el “desgaste” de Rafael Correa había empezado el 7 de mayo de 2011. “Meter la mano en la justicia” para esos aliados fue una traición a los principios revolucionarios de un proceso de transformación, aunque ninguno de ellos hizo una propuesta revolucionaria para la transformación de la justicia. Nada por fuera de la lógica liberal, la que se sustenta en algunas oenegés y en la teoría más clásica. Mi ignorancia no me permite entender cómo el derecho romano puede ser la razón jurídica del siglo XXI. Pero los “sabios” de la justicia lenta y corrupta no quisieron cambiar nada para que todo continuara igual.
Incluso, algunas voces “autorizadas” temieron que a partir de esa consulta la injusticia plena gobernara el Ecuador y tuviera un panorama desolador en ese terreno. Y ahora, casi dos años después ninguno de esos pronósticos se han cumplido, quizá porque su real objetivo era sostener el sistema con su lógica, perversiones, corrupción y lentitud general, con todo el engranaje del que se benefician algunos juristas muy bien exaltados en ciertos medios de prensa.
No tenemos todavía la justicia perfecta. Es más, los abogados, las facultades de derecho, los jueces y administradores de justicia todavía no son todo lo que necesita y espera un país como el Ecuador, con sus muy puntuales y valiosas excepciones. Basta entrar a un juzgado para imaginar cuánto falta por hacer ahí, pero no será solo a base de nuevos edificios y tecnología que esas mentalidades se transformen. Eso tomará su tiempo.
Por ahí hay una abogada/legisladora que cimentó con mucha bravura su oposición a la “metida de mano” bajo el argumento de que la “independencia” de las funciones es un principio sagrado, intocado, casi celestial. ¿Y no fue ese argumento con el que se ha sembrado injusticia durante décadas porque con esa independencia solo se sustentó un poder autónomo para garantizar el enriquecimiento de unos pocos y la injusticia a la carta?
Por lo pronto lo medible es el inicio de un proceso de transformación de la justicia, donde el Consejo de la Judicatura deberá auspiciar un proyecto revolucionario. Eso implica romper algunos paradigmas que se sostienen en la abogacía y en los juzgados, pues las prácticas y las comodidades siguen “lentificando” la administración de justicia. Basta ver las cifras publicadas en este diario esta semana sobre las audiencias fallidas para entender que no basta con edificios nuevos y mejor tecnología.
Y justo cuando estamos en esta dinámica, ocurre un debate complejo, complicado y tenso para transformar la justicia en Argentina, donde hay juristas de mucho rigor académico y filosófico. Como una réplica de lo que pasó acá, la oposición ha levantado una plataforma negativa para asumir una demanda ciudadana impostergable. Parecería que los procesos políticos tienen unos espejos y unos resortes únicos en este continente (el de la mayor inequidad e injusticia).
El postulado fundamental en la propuesta del gobierno argentino es: “Democratizar la Justicia”. Se plantea la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura para “destrabar” la parálisis del organismo porque el sector de la Justicia es “el único poder donde la soberanía popular es ajena”, como dicen sus defensores.
Los opositores se negaron de plano a debatir en el Senado la propuesta. Y, con el apoyo de los medios privados y comerciales, han hecho una campaña parecida a la que ya vivimos los ecuatorianos durante enero, febrero, marzo y abril del año 2011. Basta revisar los titulares y los editoriales. Igual como pasó con la Ley de Medios argentina.
En estos días habrá mucha información sobre el tema y Argentina podrá experimentar una transformación para los próximos lustros, sobre todo en una nación que arrastra injusticias, como la de ignorar cuándo serán sancionados todos los responsables de miles de desapariciones, torturas y, por qué no, enriquecimientos ilícitos que no se han sancionado.