Los triunfos de Dilma Rousseff en Brasil, Tabaré Vázquez (primera vuelta) en Uruguay y Evo Morales en Bolivia reflejan el respaldo popular a los gobiernos progresistas que, junto a Ecuador, Argentina y Venezuela, continúan en el poder confirmando la tendencia de la aplicación de un nuevo modelo económico social.
El libro Nuevas políticas económicas de izquierda en América Latina, de Samuel Lichtensztejn, uruguayo, plantea que hay varios rasgos comunes de los gobiernos progresistas. Primero, se identifican como de izquierda y reformistas, aceptando la vigencia de la economía de mercado. Segundo, hacen una fuerte crítica y rechazan las políticas económicas neoliberales a las que les achacan las crisis económicas, sociales y financieras de los países de A. Latina. Tercero, dan prioridad a los problemas sociales, buscando reducir la pobreza y el desempleo.
En el fondo, es una lucha de las corrientes de izquierda y derecha. En efecto, en el caso de Brasil, con una elevada concentración de riqueza y del ingreso, Lula planteo un esquema de redistribución del ingreso con el programa Bolsa Familia (subsidio a pobres) y becas estudiantiles; Dilma le agregó la construcción de vivienda populares y, en el campo, el depósito de aguas rurales que, en conjunto, permitieron sacar de la pobreza a millones de brasileños mejorando el nivel de vida de los pobres y de la clase media. Esto fue posible por la bonanza económica, generada por las condiciones externas, que permitió un alto crecimiento, más empleo y alza salarial. Se aplicó un modelo desarrollista, con fuerte intervención estatal, que priorizó la política social.
El triunfo de Dilma se logró por el fuerte apoyo popular obtenido por Lula. Sin embargo, la elección demostró el avance de la derecha, con Aécio Neves, que, con el poder mediático y económico, utilizó todos los medios para llegar al poder. Ahora, el Partido de los Trabajadores enfrenta un nuevo escenario: una nación dividida, problemas económicos y ascenso de la clase media.
En el caso de Uruguay, las condiciones externas permitieron un buen desempeño económico y el Frente Amplio, con Mujica, ha continuado con la política social mejorando las condiciones de vida de la población.
Algo similar ha sucedido en Bolivia. En nuestro país se aplica un modelo con fuerte intervención del Estado (control y regulación en la economía, infraestructura física y social) que, dadas las condiciones externas e inversión y gasto público, posibilitó crecimiento económico, redistribución del ingreso y reducción de la pobreza.
Detrás, se trata de dos modelos de sociedad y de economía que están en disputa en América Latina. Uno, impulsado por la derecha, que busca equilibrios macroeconómicos, redistribuye ingreso y riqueza hacia el capital y hace recaer el ajuste económico sobre la gente; el otro, de la izquierda, que aplica una fuerte política social con impacto en los equilibrios señalados. El respaldo popular es a este último porque reparte ingresos, mejora las condiciones de vida de pobres y prioriza a la gente.