Si Estados Unidos apoya a la resistencia siria que incluye a Al Qaeda, está claro que su apelación a la lucha contra el terrorismo es un pretexto que se usa solo según convenga (esta semana un armenio confesó en Inglaterra haber sido contratado por servicios de inteligencia para hacer atentados que se atribuyeran a supuesto terrorismo musulmán). De tal modo, no se espía solo a presuntos terroristas y adversarios, se espía a todos, sin excepción ni límite legal a algunos.
Así, se les saca ventajas en cuestiones económicas y de negocios, a los países “amigos”. Se hace espionaje económico y financiero, disfrazado de cruzada antiterrorista. Se usa a todos, amigos, neutrales y enemigos, de manera insólitamente descarada y por fuera de toda referencia legal o límite ético.
La condición de títere de los Estados Unidos asumida por parte del actual Gobierno francés se patentizó en el hecho semirridículo de que el canciller francés le expresó la molestia oficial a Kerry, en el mismo acto en que ambos salieron juntos para expresar en común una posición sobre Siria. La “firmeza” de la protesta francesa se advirtió en la incapacidad para -siquiera- sancionar a quienes espían a Francia con dejarlos solos a la hora de ir a discutir sobre Siria.
Hollande sigue con su actitud genuflexa y obsecuente hacia quienes lo tienen como alfombra. Estados Unidos habría espiado 70 millones de llamadas telefónicas francesas en menos de un mes y, como respuesta, Francia colabora con la política exterior de los Estados Unidos. Qué lejos, por cierto, ha quedado la autónoma política exterior de que hiciera gala De Gaulle por varios lustros.
Aun con ello, la cuestión se está volviendo inmanejable para la habitual impunidad con que la gran potencia estadounidense ejerce el espionaje. En México, se espió primero al entonces presidente Calderón, luego al candidato y hoy presidente Peña Nieto, metiéndose en sus respectivas cuentas personales de e-mail (nada menos). México acaba de protestar duramente y ha pedido explicaciones. España ha sido espiada permanentemente a través de sus e-mails y llamadas telefónicas, si bien por ahora no se ha reportado que se lo hiciera a autoridades -aunque no se vería por qué no lo harían también allí-. Esta vez, los obedientes gobernantes del autodenominado Partido Popular han hecho notar su molestia por la situación, la cual están obligados a formular, si es que quieren guardar alguna credibilidad pública.
Se tratará el tema en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esperamos que la potencia del Norte no haga prevalecer el lobby de su peso económico y geopolítico para apagar las protestas. Pero allí no están Francia ni España, cuyas peticiones de explicación es obvio que no serán satisfechas, y que irán mucho más allá de la vacilante voluntad de sus gobiernos.
Lo cierto es que la firmeza de Argentina con sus denuncias en la Asamblea General de las Naciones Unidas y la posterior definida postura de la diplomacia brasileña suspendiendo el viaje de la presidenta Rousseff a Estados Unidos son solo la punta de un iceberg que ha de crecer, y que deberá poner las condiciones de un control internacional compartido sobre las modalidades y dispositivos de comunicación electrónica, a la vez que un límite legal y procedimental a las modalidades de ejercicio del espionaje estadounidense hacia el resto del planeta.