Recuerdo cuán difícil era que los medios de comunicación privados publicaran alguna noticia referida a la iniciativa Yasuní-ITT. De hecho, varios canales y revistas nunca asistieron a una rueda de prensa o aceptaron una entrevista, o peor emitieron informaciones de las gestiones que se realizaban para la iniciativa.
Es más, cuando se proponía un viaje al parque Yasuní para que los periodistas lo conocieran y constataran, in situ, su riqueza y biodiversidad, los que en verdad se interesaban eran los corresponsales de prensa extranjera. Ellos eran los que permanentemente solicitaban información y publicaban reportajes. Los canales de televisión internacionales eran los que, cada semana, solicitaban apoyo para viajar al Yasuní.
Sin embargo, ahora todos esos medios privados a los que anteriormente poco les interesaba la iniciativa son los que, de la noche a la mañana, se han convertido en los “defensores” de la iniciativa y del parque Yasuní.
Esos canales de televisión que menospreciaban la condición revolucionaria e innovadora de la iniciativa son los que ahora la defienden y “claman” por su mantenimiento. Esos mismos medios que poca importancia concedían a los temas de lucha contra el cambio climático son los que ahora dedican casi todos sus espacios a entrevistar a representantes de la oposición. Todo con un único fin: atacar al gobierno del presidente Correa.
Es bueno que el país discuta y debata temas ambientales. Ese es, sin duda, uno de los logros de la iniciativa, haber provocado un alto grado de conciencia en la ciudadanía respecto a la necesidad de cuidar el ambiente. Aunque no se ha llegado, todavía, a modificar sustancialmente los hábitos de consumo, ese consumo obsceno y grosero, que es una de las razones que ha provocado el cambio climático.
Los verdaderos ambientalistas tienen todo el derecho a protestar y exigir al Gobierno responsabilidades, no solo en relación a la iniciativa Yasuní-ITT sino respecto a las políticas públicas para la deforestación, la contaminación, la emisión de gases, los desechos sólidos, el cuidado de las islas Galápagos, etc. Y el Gobierno tiene la obligación de rendir cuentas e informar sobre todos estos temas.
Lamentablemente, ese afán de atacar al Gobierno hace también que se pierda la gran oportunidad de generar un profundo y serio debate en torno a los temas ambientales de fondo. Un país con tan alto grado de biodiversidad debe discutir y consensuar, respecto a su presente y futuro, su modelo de desarrollo y sus políticas de conservación.
Es una pena que la iniciativa Yasuní-ITT se haya convertido apenas en un pretexto para generar violencia, e intentar desestabilizar a un gobierno que cuenta con un alto apoyo popular. Si esa es la opción, al final, incluso con la consulta popular, los grandes derrotados no solo serán los honestos ambientalistas, los que cada día luchan por preservar la naturaleza, sino todos los que queremos vivir en un país mejor, en un planeta limpio y verde.